Alberto Nisman fue hallado sin vida el 18 de enero de 2015, con un disparo en la cabeza, en el baño de su departamento en Puerto Madero. El fiscal se encontraba a pocas horas de presentarse en el Congreso Nacional para exponer sobre la denuncia que había formulado contra la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros funcionarios, por la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán, al que acusaba de encubrir a los sospechosos iraníes del atentado a la AMIA.
Con el paso de los años, distintas instancias judiciales concluyeron que no se trató de un suicidio, sino de un homicidio, señalando que la muerte estuvo directamente relacionada con su tarea como fiscal y con la denuncia que había presentado contra el gobierno nacional de ese momento.
Inteligencia, sombras y responsabilidades.
La investigación judicial avanzó sobre el rol de sectores de los servicios de inteligencia, particularmente un grupo de agentes vinculados al Ejército, que habría estado en las inmediaciones del edificio donde vivía Nisman en las horas previas a su muerte. Para la Justicia, existen indicios de un entramado de espionaje ilegal, presiones y maniobras alrededor del fiscal en los días previos al hecho.
Sin embargo, no hay hasta hoy funcionarios políticos procesados por la muerte de Nisman, ni una imputación directa contra Cristina Fernández de Kirchner en el expediente del homicidio. La causa vinculada al Memorándum con Irán tuvo distintos vaivenes judiciales a lo largo de los años, con reaperturas y cierres, pero es considerada por la Justicia como el contexto central del crimen.
Lagomarsino, el único procesado.
En el expediente principal, el único procesado es el técnico informático Diego Lagomarsino, quien le había prestado a Nisman la pistola Bersa calibre .22 con la que se efectuó el disparo. La Justicia lo considera partícipe necesario, al entender que facilitó el arma que fue utilizada en el homicidio, aunque Lagomarsino siempre sostuvo que actuó sin conocer el destino que tendría el arma.
A once años del hecho, el caso Nisman continúa siendo uno de los episodios más sensibles de la historia institucional argentina, atravesado por la política, los servicios de inteligencia y una causa judicial que, pese al tiempo transcurrido, aún no tiene condenas.
