El Gobierno de Catamarca puso en marcha una nueva etapa de modernización de la administración municipal mediante la implementación del Sistema SARHLIQ, una herramienta que permitirá a los municipios cargar directamente las novedades de su personal para la correspondiente liquidación de haberes.
La iniciativa es impulsada por el Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia, a través de la Secretaría de Asuntos Municipales, en el marco de las políticas de descentralización y fortalecimiento institucional. El objetivo es agilizar los procedimientos administrativos, mejorar la eficiencia y otorgar mayor autonomía a las administraciones locales.
La primera jornada de implementación se realizó con la participación de autoridades del municipio de Ancasti. Esta experiencia marcará el comienzo de un proceso que se extenderá progresivamente a otras jurisdicciones de la provincia, con el acompañamiento de los equipos técnicos encargados de poner en funcionamiento el sistema.
Con el nuevo esquema, cada municipio podrá registrar de manera directa las novedades correspondientes a sus agentes, lo que permitirá reducir intermediaciones administrativas y mejorar los tiempos de gestión. Además, las comunas tendrán una mayor responsabilidad sobre la información de sus trabajadores, un aspecto central para organizar y agilizar la liquidación salarial.
El secretario de Asuntos Municipales, Nicolás Verón, destacó la importancia de incorporar herramientas tecnológicas para fortalecer las administraciones locales. En ese sentido, remarcó que el sistema busca mejorar la eficiencia, la transparencia y la capacidad de gestión de los municipios.
La implementación cuenta con la participación de los equipos técnicos de la Secretaría de Asuntos Municipales y del área de Legales, coordinada por la doctora Noelia Cano, que acompaña a las jurisdicciones durante el proceso de adaptación.
La puesta en marcha del SARHLIQ representa un paso hacia una administración pública municipal más descentralizada y organizada. Su alcance dependerá de la incorporación progresiva de los municipios y de la capacidad de cada jurisdicción para adaptar sus procedimientos al nuevo sistema.
