El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, cuestionó al Gobierno nacional por el crecimiento del endeudamiento de las familias y sostuvo que las actuales condiciones económicas transformaron la morosidad en un problema social.
Sus declaraciones se conocieron luego de que la Cámara de Diputados resolviera emplazar a las comisiones de Finanzas y Defensa del Consumidor para avanzar con el tratamiento de proyectos vinculados a la morosidad familiar.
Aguiar consideró que el avance legislativo constituye una oportunidad para visibilizar el impacto que tienen las deudas de consumo sobre los hogares argentinos. Según datos citados por el dirigente, Argentina registra uno de los niveles más elevados de morosidad bancaria de la región y tres de cada diez hogares recurrieron a préstamos para afrontar gastos básicos. “El endeudamiento es el síntoma, pero los bajos ingresos son la enfermedad”, afirmó, y cuestionó las políticas económicas implementadas durante los últimos años.
El titular de ATE también apuntó contra la desregulación financiera impulsada por el Gobierno y cuestionó particularmente el Decreto 70/2023, al considerar que favoreció a bancos, billeteras virtuales y prestamistas informales.
En su interpretación, la utilización creciente del crédito dejó de ser una herramienta para financiar proyectos y pasó a convertirse, para muchos hogares, en un mecanismo destinado simplemente a cubrir necesidades cotidianas.
La problemática también aparece reflejada en una encuesta realizada por ATE sobre la situación de los trabajadores estatales. El relevamiento indicó que el 87% tiene deudas vigentes y que, dentro de ese grupo, el 73% mantiene compromisos con más de una entidad.
Entre los principales destinos del dinero aparecen urgencias médicas, educación, alquileres y expensas, mientras que otro sector lo utiliza para cancelar deudas anteriores o cubrir gastos básicos como alimentación y vestimenta.
El impacto no se limita a las finanzas familiares. De acuerdo con el mismo relevamiento, el 85,4% de los trabajadores estatales consultados manifestó un deterioro de su bienestar emocional y psicológico durante el último año.
Entre las principales consecuencias mencionadas aparecen ansiedad, angustia, agotamiento, desánimo e insomnio. Así, el debate sobre la morosidad familiar comienza a incorporar una dimensión social y de salud mental que excede el problema estrictamente económico.
