La causa judicial por la criptomoneda $LIBRA sumó un nuevo capítulo luego de que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) apelara el sobreseimiento del presidente Javier Milei, su hermana Karina y otros nueve investigados. El organismo solicitó que se reabra la investigación al considerar que todavía existen pruebas y medidas pendientes para esclarecer lo ocurrido.
La presentación fue realizada por la fiscalía especializada que conduce Sergio Rodríguez, que asumió el impulso de la acción penal que había dejado de lado el fiscal Eduardo Taiano. De esta manera, cuestionó la decisión del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien el pasado 23 de octubre había dispuesto el cierre del expediente tras aceptar el pedido de sobreseimiento.
Entre los principales puntos señalados por la PIA aparece la necesidad de profundizar el análisis de los movimientos de dinero vinculados con la operatoria de la criptomoneda, reconstruir la trazabilidad de los fondos y recuperar comunicaciones entre las personas involucradas. También reclamó investigar posibles acuerdos comerciales y determinar si existieron irregularidades vinculadas con el ejercicio de la función pública.
El expediente se originó luego de que Milei promocionara el token $LIBRA en sus redes sociales el 14 de febrero de 2025. La criptomoneda experimentó una fuerte suba inicial de su cotización y posteriormente sufrió un desplome, lo que generó denuncias de inversores y abrió una investigación judicial para determinar las responsabilidades detrás de la operación.
La intervención de la Procuraduría respondió también a planteos realizados por el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), organizaciones que habían cuestionado el cierre de la investigación y reclamado que se profundizaran distintas líneas probatorias.
Ahora, el planteo deberá ser analizado por la Justicia Federal. Si el pedido de reapertura es rechazado, la PIA dejó presentada una apelación subsidiaria para que la Cámara Federal pueda revisar la decisión. De esta manera, el sobreseimiento del Presidente y de los demás investigados vuelve a quedar bajo discusión judicial.
