Mientras los 19 acusados de la denominada causa ANDIS desfilan ante la Cámara Federal porteña para exponer por qué deberían anularse los procesamientos dictados por el juez federal Sebastián Casanello, uno de los exfuncionarios involucrados decidió presentarse personalmente en Comodoro Py para defenderse ante los camaristas.
Se trata de Diego D’Giano, médico y exdirector de Prestaciones Médicas de la Agencia Nacional de Discapacidad, quien asistió acompañado de su abogado a la audiencia en la Sala II de la Cámara Federal para argumentar a favor de su sobreseimiento.
D’Giano ingresó a la Agencia Nacional de Discapacidad en agosto de 2024 de la mano del entonces número dos del organismo, Daniel María Garbellini, con quien tenía una relación laboral previa. En ese cargo su función formal era supervisar auditorías médicas de medicamentos e insumos de alto costo y baja incidencia, un área que según la acusación fue clave para la mecánica de los presuntos desvíos de fondos.
Antes de su paso por ANDIS, el médico ocupó diversos cargos públicos, incluidos roles en los ministerios de Salud de la Nación y de la provincia de Buenos Aires, en el PAMI, en la Cámara de Senadores y en una obra social vinculada al personal de seguridad comercial e industrial.
Durante su breve intervención ante los jueces, D’Giano se limitó a saludar a los camaristas Martín Irurzun, Roberto Boico y Eduardo Farah, y su defensa argumentó que su actuación nunca estuvo vinculada a las licitaciones, precios o empresas involucradas en las compras de medicamentos, sino exclusivamente a tareas de auditoría clínica para verificar las necesidades de los pacientes.
El abogado Juan José Sforza sostuvo que los “tickets” que salían de la dirección bajo su responsabilidad no fueron manipulados ni gestionados de forma irregular, y que los casos especiales se tramitaban por los mismos canales que los comunes.
La fiscalía, en cambio, lo ubica en un rol que excede la descripción oficial de sus funciones. Según el fiscal federal Franco Picardi, D’Giano transmitía información reservada de manera informal a un grupo “para estatal” que, de acuerdo con la acusación, habría conformado una asociación ilícita con el objetivo de quedarse con fondos públicos destinados a personas con discapacidad.
Parte de las pruebas que más complican al exfuncionario provienen del análisis del teléfono de Miguel Ángel Calvete, uno de los líderes de la supuesta banda, con quien D’Giano mantuvo conversaciones y reuniones regulares, según la imputación.
Al momento de ser procesado, la Justicia lo identificó como la persona que “tomaba el primer contacto con los tickets recibidos a través del SIIPFIS y disponía su aprobación”, lo que, según la acusación, le permitía anticipar información sobre medicamentos o insumos demandados y articular el supuesto direccionamiento de compras.
En respuesta, la defensa alegó que hasta ahora no se han acreditado los extremos que se imputan y remarcó la inexistencia de evidencia clara de su participación en maniobras irregulares, por lo cual solicitó que se revoque el procesamiento.
La Cámara Federal continuará recibiendo las exposiciones orales de las defensas hasta mediados de abril, antes de deliberar sobre los planteos presentados, en un expediente que también incluye un debate sobre la validez de un peritaje de audios que algunos acusados buscan usar para pedir la nulidad total del juicio.
