Una denuncia penal presentada ante la Fiscalía General en lo Penal de Catamarca pide investigar si autoridades de CAMYEN S.E. y otros funcionarios incurrieron en posibles irregularidades al otorgar derechos de exploración minera en sectores de Campo de Piedra Pómez y Laguna Purulla, en Antofagasta de la Sierra. El planteo pone bajo la lupa el cumplimiento de las normas ambientales que rigen sobre esas áreas protegidas.
La presentación fue realizada por María Luisa Bustos y alcanza a las autoridades directivas de Catamarca Minera y Energética Sociedad del Estado, además de quienes pudieran resultar responsables.
La denunciante solicitó que se incorporen al expediente los antecedentes y expedientes administrativos vinculados con las áreas cuestionadas para determinar cómo fueron otorgados los derechos de exploración.
El eje de la denuncia está puesto en que Campo de Piedra Pómez, Volcán Blanco y Laguna Purulla forman parte de un régimen de protección ambiental establecido por la Ley Provincial 5070. La creación del Área Natural Protegida Campo de Piedra Pómez fue formalizada en 2012 con el objetivo de preservar estos ambientes, ordenar las actividades desarrolladas en el territorio y establecer condiciones específicas para su utilización.
Bustos pidió que distintos organismos provinciales informen qué concesiones y derechos de exploración se encuentran vigentes, quiénes son sus titulares, qué estudios de impacto ambiental fueron presentados y qué autorizaciones fueron otorgadas. También solicitó conocer si se cumplieron las instancias de participación previstas por la normativa y requirió copias certificadas de los expedientes ante el Juzgado de Minas y los organismos ambientales.
Uno de los puntos que genera especial atención es Laguna Purulla, donde se encuentra el proyecto de exploración de litio Campo Blanco, vinculado a CAMYEN y World Metals Alloys (WMA). El área se ubica en sectores cercanos a la laguna, reconocida además por su importancia como hábitat para la parina grande o flamenco andino. La denuncia busca establecer qué permisos y evaluaciones ambientales respaldan las actividades de exploración.
La presentación judicial también vuelve a poner en discusión el delicado equilibrio entre actividad minera, desarrollo económico y preservación ambiental en la Puna catamarqueña. Por ahora, la denuncia plantea presuntas irregularidades y solicita que sean investigadas: será la Justicia la que deberá determinar si existieron incumplimientos de la normativa y, eventualmente, responsabilidades de funcionarios o particulares.
