Por Adolfo Chasampi
Cada 17 de octubre, el peronismo recuerda una de las jornadas más trascendentales de su historia. El Día de la Lealtad no es solamente una fecha para llenar plazas, levantar banderas, entonar la marcha y pronunciar discursos cargados de nostalgia. Es, ante todo, una oportunidad para preguntarse qué queda de aquellos ideales que dieron origen al movimiento y cuánto se ha perdido en el camino.
Porque la lealtad no se demuestra únicamente con una foto, una consigna o un cargo político: se demuestra con hechos, con convicciones y, fundamentalmente, con el compromiso de defender a quienes históricamente fueron el corazón del peronismo: los trabajadores.
El 17 de octubre de 1945, miles de trabajadores salieron a las calles para reclamar la liberación de Juan Domingo Perón. Aquella movilización marcó un antes y un después en la historia argentina. Los sectores populares irrumpieron en la escena política para exigir reconocimiento, derechos laborales y participación.
De ese proceso nació una identidad que encontró en la justicia social, la independencia económica y la soberanía política sus principales banderas. El peronismo se construyó desde abajo, con trabajadores que encontraron en la organización colectiva una herramienta para mejorar sus condiciones de vida y conquistar derechos que hasta entonces parecían inalcanzables.
Pero entre aquel movimiento que nació en 1945 y el peronismo que llega a este 2026 existe una distancia que merece ser discutida sin hipocresías.
Porque las doctrinas pueden permanecer escritas en los libros, las consignas pueden repetirse durante décadas y las banderas pueden seguir flameando, pero cuando las conductas se alejan de los principios, las palabras pierden su verdadero significado.
“Para un peronista no hay nada mejor que otro peronista”.
Sin embargo, ¿cuántas veces esa máxima queda reducida a una frase de ocasión? ¿Cuántos compañeros que militaron durante años, recorrieron barrios, organizaron actos, acompañaron campañas y sostuvieron al movimiento en los momentos difíciles terminan relegados cuando llega la hora de distribuir los espacios de poder?.
¿Cuántos ven cómo se abren las puertas del Estado para personas cercanas a quienes gobiernan, mientras la trayectoria, la militancia y el compromiso de otros quedan relegados a un segundo plano?.
El problema no es solamente quién ocupa un cargo, sino con qué criterios se lo designa y qué hace después con la responsabilidad que recibe.
La cercanía personal no puede reemplazar la capacidad, la convicción ni el compromiso con un proyecto colectivo. Tampoco la militancia debería convertirse en una garantía automática de nombramiento.
Pero resulta difícil explicar que quienes sostuvieron durante años una construcción política sean desplazados sistemáticamente, mientras otros acceden a posiciones de privilegio sin demostrar un compromiso equivalente con las ideas que dicen representar.
La política necesita renovación, preparación y nuevas generaciones. Lo que no puede permitirse es que esa renovación se convierta en una excusa para construir estructuras cerradas, premiar lealtades personales o transformar el Estado en una herramienta de distribución de favores.
Cuando el reconocimiento depende exclusivamente de la cercanía con el poder, la lealtad deja de ser hacia una causa y comienza a confundirse con la obediencia a una persona.
Cuando el cargo deja de ser una responsabilidad y se convierte en un privilegio.
Eva Perón comprendió que la política debía estar al servicio del pueblo y no de los intereses particulares de quienes la ejercían. Su figura quedó asociada a una defensa intransigente de los trabajadores, de los sectores más vulnerables y de quienes históricamente habían sido ignorados por las estructuras de poder.
En ese espíritu se inscribe una advertencia que suele atribuírsele: quien utiliza su cargo para obtener beneficios personales termina convirtiéndose en aquello que dice combatir, la oligarquía.
Esa idea interpela directamente al peronismo contemporáneo. Porque no existe contradicción más profunda que hablar en nombre de los humildes mientras se construyen estructuras políticas cada vez más alejadas de sus necesidades. No hay justicia social posible cuando la función pública se transforma en un mecanismo de privilegios, ni existe coherencia doctrinaria cuando se reclama sacrificio a la sociedad mientras determinados sectores del poder parecen vivir al margen de las dificultades cotidianas.
Los escándalos de corrupción, las investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito y las denuncias que involucran a funcionarios de distintos espacios políticos exigen respuestas claras, controles efectivos y rendición de cuentas.
Las responsabilidades deben determinarse mediante investigaciones y procedimientos judiciales, sin condenar anticipadamente a nadie. Pero tampoco puede pretenderse que las sospechas desaparezcan con discursos partidarios o apelaciones a la identidad política.
Quien ejerce una función pública tiene una obligación mayor de explicar sus actos, transparentar su patrimonio cuando corresponde y demostrar que los recursos del Estado se administran en beneficio de la sociedad.
El peronismo no puede reclamar una vara ética para sus adversarios y otra para sus propios dirigentes. Si la justicia social es una bandera, la honestidad en el ejercicio del poder debe ser una condición indispensable. De lo contrario, la doctrina termina convertida en una herramienta discursiva que se utiliza para defender posiciones, pero no para orientar conductas.
Los trabajadores no pueden seguir pagando el costo de la política.
Tal vez una de las contradicciones más dolorosas del peronismo actual se encuentre en la situación de los trabajadores estatales y municipales. En distintos ámbitos, empleados que cumplen funciones esenciales enfrentan salarios que pierden capacidad de compra, dificultades para cubrir necesidades básicas y una incertidumbre económica que golpea directamente a sus familias.
Frente a ese escenario, una explicación se repite con frecuencia: el Gobierno nacional no envía los fondos suficientes. La falta de recursos, las restricciones presupuestarias y la caída de los ingresos pueden ser problemas reales que condicionen a las administraciones provinciales y municipales. Pero reconocer esas dificultades no significa que deban quedar fuera de discusión las decisiones que toma cada gobierno con los recursos disponibles.
Si la situación económica obliga a ajustar el gasto, también corresponde debatir cómo se distribuye.
¿Cuántos cargos políticos son realmente necesarios? ¿Cuántas asesorías tienen funciones indispensables y cuántas podrían revisarse? ¿Qué criterios se utilizan para determinar las remuneraciones de funcionarios y personal jerárquico? ¿Por qué, cuando se habla de austeridad, el esfuerzo parece recaer tantas veces sobre quienes menos margen tienen para soportarlo?
No se trata de desconocer la responsabilidad ni la preparación que algunos cargos requieren. Se trata de exigir coherencia.
Un gobierno que reclama comprensión a sus trabajadores debe estar dispuesto a revisar sus propias estructuras, transparentar sus gastos y evaluar alternativas para distribuir los recursos de manera más equitativa. La austeridad no puede ser un discurso dirigido únicamente hacia abajo, mientras los privilegios permanecen protegidos en los niveles superiores.
El peronismo nació reivindicando el valor del trabajo. Por eso, ningún dirigente debería sentirse cómodo frente a un trabajador que cumple su jornada, sostiene servicios públicos esenciales y, aun así, no logra llegar a fin de mes. El salario digno no puede quedar subordinado a las conveniencias políticas ni convertirse en una promesa que se renueva cada vez que se aproxima una elección.
Un movimiento que parece temerle al crecimiento de sus propios dirigentes
Otra de las grandes deudas del peronismo contemporáneo es la dificultad para construir liderazgos capaces de crecer sin convertirse en una amenaza para quienes ya ocupan espacios de poder.
En lugar de promover debates internos, formar cuadros y reconocer nuevas referencias políticas, en algunos sectores parece imponerse una lógica de competencia permanente, en la que el compañero que crece comienza a ser tratado como adversario.
La consecuencia es un movimiento que muchas veces limita sus propias posibilidades de renovación. Dirigentes con experiencia territorial, militantes con capacidad de gestión, jóvenes con nuevas ideas y referentes sociales quedan atrapados en disputas internas que poco tienen que ver con las necesidades de la sociedad. El talento político no debería ser un peligro para una conducción, sino una oportunidad para fortalecer un proyecto colectivo.
Un partido que aspira a gobernar debe saber formar dirigentes, aceptar diferencias y construir mecanismos democráticos para resolver sus disputas. La unidad no puede consistir en silenciar cuestionamientos ni en exigir obediencia a cambio de un lugar en una lista. Una unidad sostenida únicamente por la distribución de cargos es frágil, porque desaparece cuando cambian las relaciones de poder.
La verdadera unidad requiere objetivos compartidos, reglas claras y la posibilidad de discutir sin que toda diferencia sea interpretada como una traición.
El peronismo necesita recuperar esa capacidad de debate si pretende volver a ser una alternativa creíble para una sociedad que exige respuestas concretas.
Un peronismo sin rumbo nacional y con demasiadas decisiones concentradas
La fragmentación del peronismo a nivel nacional constituye otra señal de alarma. Mientras Javier Milei conduce el Gobierno nacional y desarrolla su propio programa económico y político, el movimiento peronista todavía enfrenta dificultades para construir una propuesta común que reúna a sus distintas expresiones, defina prioridades y presente un liderazgo capaz de representar una alternativa.
No alcanza con oponerse al oficialismo ni con enumerar las consecuencias sociales de sus decisiones. Una fuerza política que pretende volver a gobernar debe explicar qué propone hacer, cómo piensa financiarlo, qué modelo productivo quiere desarrollar, qué lugar ocuparán los trabajadores y de qué manera buscará recuperar el poder adquisitivo sin profundizar los problemas económicos.
El desafío también pasa por la democratización interna. Cuando las principales decisiones dependen de un círculo reducido de dirigentes, las discusiones políticas y sociales terminan pasando por pocos escritorios. En ese contexto, la idea de que un dirigente necesita una bendición de San José 1111 para aspirar a llegar a Balcarce 50, se convierte en una imagen de la concentración de poder que atraviesa a una parte del espacio.
Ningún liderazgo debería tener la potestad exclusiva de habilitar el futuro de un movimiento que se construyó con millones de argentinos. Las conducciones pueden orientar, respaldar y aportar experiencia, pero no reemplazar la voluntad colectiva ni clausurar la discusión sobre las nuevas generaciones. El peronismo necesita reglas, participación y una propuesta de país antes que una disputa interminable por determinar quién cuenta con la aprobación de los dirigentes históricos.
Leer nuevamente a Perón y a Evita, pero también actuar en consecuencia.
Quizás a muchos dirigentes contemporáneos les haría bien volver a las páginas de La razón de mi vida, de Eva Perón, y revisar los discursos, documentos y debates que marcaron los orígenes del movimiento.
No para convertir el pasado en una postal idealizada ni para suponer que todos los problemas de aquella época fueron resueltos, sino para comprender por qué millones de trabajadores encontraron en el peronismo una herramienta de reconocimiento y transformación social.
La memoria histórica sirve de poco cuando se la utiliza únicamente para justificar el presente.
Recordar a Perón y a Evita implica preguntarse qué decisiones tomarían hoy quienes dicen representar sus ideales, pero, sobre todo, exige que cada dirigente examine sus propias prácticas.
La lealtad a una doctrina no puede medirse por la cantidad de actos a los que se asiste ni por la cercanía con una conducción. Debe evaluarse por la capacidad de defender derechos, administrar con responsabilidad los recursos públicos, escuchar a los trabajadores y poner límites a los privilegios.
El peronismo de 1945 fue, entre otras cosas, la expresión de una sociedad que reclamaba ser escuchada. El peronismo de 2026 tiene la responsabilidad de demostrar que todavía puede escuchar a quienes sostienen el país con su trabajo. Si no logra hacerlo, corre el riesgo de conservar sus símbolos mientras pierde el vínculo con su base social.
Este 17 de octubre, la pregunta no debería ser solamente cuántos peronistas siguen levantando las mismas banderas, sino cuántos están dispuestos a vivir de acuerdo con lo que esas banderas representan. Porque la lealtad no consiste en defender a un dirigente a cualquier precio, sino en sostener los principios incluso cuando incomodan a quienes gobiernan.
Del peronismo del 45 al del 26, la mayor pérdida no sería la de una elección, una banca o un cargo. Sería perder definitivamente la capacidad de mirar a los trabajadores a los ojos y demostrarles que siguen siendo la razón de ser del movimiento.
Y si el peronismo quiere recuperar su futuro, deberá empezar por una verdad tan sencilla como exigente: no alcanza con llamarse peronista. Hay que demostrarlo en cada decisión, en cada salario, en cada acto de gobierno y en cada oportunidad de elegir entre el privilegio de unos pocos y la dignidad de muchos.
