El Gobierno nacional apeló la resolución judicial que lo obliga a aplicar de manera inmediata en todo el país la Ley de Emergencia en Discapacidad, luego de que un juez federal declarara inválido el artículo de un decreto presidencial que había suspendido su vigencia.
La medida fue dispuesta por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, quien el pasado 12 de diciembre declaró la invalidez del decreto y ordenó la ejecución inmediata de la ley. Frente a esta decisión, la Procuración del Tesoro de la Nación presentó la apelación al considerar que el fallo “causa agravio al Estado Nacional”.
El escrito fue firmado por el procurador del Tesoro, Santiago Castro Videla, con el patrocinio letrado del subprocurador Julio Comadira. El magistrado concedió la apelación con efecto devolutivo, lo que implica que el fallo continuará vigente mientras la causa es analizada por la Cámara Federal de San Martín. Asimismo, otorgó al Estado un plazo de cinco días para fundamentar el recurso.
La presentación judicial ratifica una definición política del Gobierno, que este martes generó tensiones en el Congreso. La oposición logró rechazar el capítulo del Presupuesto que proponía la derogación definitiva de la Ley de Emergencia en Discapacidad, sancionada el año pasado.
En este contexto, la Casa Rosada busca ahora revertir ese revés legislativo en el Senado y volver a insistir luego en la Cámara de Diputados con la redacción general del Presupuesto, una estrategia que, tras lo ocurrido, aparece como compleja.
