El Gobierno nacional confirmó que llevará al Congreso de la Nación un proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad, una iniciativa que formará parte de la reforma del Código Penal y del Régimen Penal Juvenil que impulsa el oficialismo en 2026.
La información fue ratificada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien aseguró que la decisión responde a “un mandato claro” de la sociedad para enfrentar con mayores herramientas la inseguridad y la violencia juvenil.
La propuesta busca modificar la normativa vigente, que actualmente fija la edad de imputabilidad en los 16 años, y establecer un umbral más bajo para que adolescentes puedan ser responsabilizados penalmente como adultos en casos de delitos graves. En versiones anteriores de la iniciativa, el proyecto contemplaba rebajar la edad hasta 13 años, aunque otras propuestas dentro del oficialismo y bloques aliados impulsaban límites entre 12 y 14 años, generando debate sobre cuál sería la edad específica a fijar finalmente.
La iniciativa ya contó en 2025 con dictamen favorable en comisiones de la Cámara de Diputados, aunque no fue tratada en sesión antes de finalizar ese período legislativo.
El oficialismo junto a sectores como el PRO, UCR y Coalición Cívica había alcanzado ese dictamen mayoritario tras un intenso debate parlamentario y judicial sobre cómo reformar el régimen penal juvenil.
La intención del Gobierno es que la propuesta sea debatida y votada en el recinto en el marco del nuevo período legislativo, con el objetivo de avanzar en políticas de seguridad y justicia penal.
Según sus promotores, la reforma no solo bajaría la edad de imputabilidad, sino que podría incluir otras medidas vinculadas a la seguridad y penas más estrictas para delitos graves.
La iniciativa, sin embargo, genera posturas divididas dentro del arco político y en la sociedad: mientras sus impulsores sostienen que se trata de una respuesta a una demanda ciudadana por mayor rigor frente a la criminalidad juvenil, distintos sectores, organizaciones de derechos humanos y representantes de la Iglesia han planteado objeciones sobre su eficacia y posibles implicancias para los derechos de niños y adolescentes.
