El Gobierno nacional anunció que enviará al Congreso un proyecto de ley para modificar la actual normativa de salud mental vigente desde 2010. La iniciativa busca actualizar el sistema y mejorar la respuesta del Estado ante situaciones críticas, en un contexto donde la legislación actual viene siendo cuestionada por dificultades en su aplicación.
Entre los principales cambios, el proyecto propone redefinir conceptos clave y criterios de intervención. Uno de los puntos centrales es reemplazar el enfoque actual por uno que contemple situaciones de “riesgo de daño” para la persona o terceros, con el objetivo de permitir intervenciones más rápidas y efectivas. Además, se busca ajustar los diagnósticos a estándares internacionales para lograr mayor precisión en el tratamiento.
La iniciativa también incluiría el fortalecimiento de la red de atención en salud mental, con mayor presencia de hospitales especializados y nuevas herramientas para abordar casos complejos. En ese sentido, el Gobierno sostiene que las modificaciones responden a reclamos de profesionales, familiares y sectores vinculados a la seguridad, que advierten limitaciones en el sistema actual.
Un debate que vuelve al centro de la escena
El envío del proyecto reabre un debate sensible en torno al equilibrio entre derechos de los pacientes y la necesidad de intervenciones más eficaces. Mientras algunos sectores consideran que la reforma es necesaria, otros advierten sobre posibles retrocesos en materia de derechos humanos, especialmente en lo referido a internaciones involuntarias y el modelo de atención vigente.
