Las autoridades del Ministerio de Salud de Catamarca anunciaron que en el mes de febrero se normalizará el pago de las guardias médicas que habían sido suspendidas, poniendo fin a dos días de incertidumbre y malestar entre los trabajadores del sistema sanitario provincial. Este anuncio generó un fuerte debate político y repercusiones en distintos sectores involucrados en la atención pública de la salud.
El conflicto estalló cuando personal del Hospital San Juan Bautista dio a conocer que no se habían acreditado los pagos correspondientes a las guardias realizadas durante diciembre, una medida que afectó directamente a 177 empleados y profesionales de la salud y se replicó en otras áreas programáticas de la provincia. La falta de pago generó inquietud y protestas entre los trabajadores, quienes calificaron la situación como un recorte injustificado que golpea a quienes sostienen la atención de urgencias y servicios esenciales.
Ante la creciente presión y el descontento generalizado, el Ministerio de Salud emitió un comunicado oficial donde atribuyó la suspensión de los pagos a un error administrativo del sistema, y aseguró que esos haberes adeudados serán acreditados durante febrero. La aclaración formal buscó calmar la tensión, aunque no logró disipar por completo las críticas que surgieron desde la oposición.
Legisladores provinciales de distintos bloques cuestionaron con dureza la gestión sanitaria del Gobierno, denunciando que la situación expuesta no fue un hecho aislado sino parte de una política que precariza al personal y debilita la salud pública. Algunos representantes señalaron que los descuentos sobre las guardias ya trabajadas vulneran derechos laborales básicos y pidieron explicaciones claras sobre las causas del error y las medidas para evitar que se repitan.
Desde el oficialismo provincial, en tanto, rechazaron las críticas y defendieron la gestión, calificando las acusaciones como una utilización política del descontento de los trabajadores. Los funcionarios insistieron en que la situación fue producto de una falla administrativa y que el pago se restituirá en su totalidad, instando a centrarse en la gestión de servicios y en la mejora del sistema de salud pública.
Mientras tanto, el diálogo entre el Gobierno y los trabajadores continúa, y el anuncio de la normalización en febrero apunta a aliviar la incertidumbre en uno de los sectores más sensibles del aparato estatal.
Sin embargo, la polémica expuesta deja en evidencia una tensión latente sobre las condiciones laborales en la salud pública y la necesidad de reforzar mecanismos que garanticen la continuidad de los pagos y beneficios de quienes mantienen operativos los centros sanitarios en toda la provincia.
