El fiscal de Instrucción N.º 6, Facundo Barros Jorrat, con intervención de la Secretaría Especializada en Delitos contra la Administración Pública, concluyó la investigación penal preparatoria contra Matías Ezequiel Ruiz Díaz y solicitó la elevación a juicio de la causa en la que se encuentra imputado por los delitos de “defraudación a la Administración Pública” y “ejercicio ilegal de la profesión continuado”. Ambas figuras fueron atribuidas en concurso real y en calidad de autor.
La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por autoridades del Tribunal de Ética y Disciplina del Colegio de Profesionales de la Psicología de Catamarca. La presentación surgió luego de que una profesional de la localidad de Los Altos recibiera la inquietud de una mujer, quien advirtió que una persona que se presentaba como psicólogo estaría atendiendo a niños y prestando servicios para la Municipalidad.
A partir de esa información, el Colegio realizó averiguaciones preliminares y remitió a la Fiscalía elementos que podrían constituir un hecho de relevancia penal. La pesquisa se orientó, en una primera etapa, a determinar si Ruiz Díaz contaba efectivamente con el título universitario y la matrícula profesional necesarios para ejercer la Psicología y desempeñarse en el ámbito municipal.
UNA INVESTIGACIÓN CON 68 ELEMENTOS DE PRUEBA.
Para fundamentar el pedido de elevación a juicio, la Fiscalía reunió y analizó 68 elementos de prueba de distinta naturaleza. El expediente incluye informes oficiales, documentación administrativa, declaraciones testimoniales, registros digitales, informes médicos, inspecciones oculares y otros elementos incorporados durante la etapa de investigación.
Entre las medidas realizadas, se solicitaron informes al Registro Público de Graduados Universitarios, a la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano de la Nación y al Colegio de Profesionales de la Psicología de Catamarca.
Las respuestas obtenidas resultaron centrales para establecer si el imputado contaba con la formación académica que decía poseer.
Según los informes incorporados a la causa, no existiría ningún título universitario registrado a nombre de Ruiz Díaz. A su vez, el Colegio de Profesionales de la Psicología comunicó que el acusado no había presentado la documentación necesaria para iniciar el trámite de matriculación en la provincia.
La Fiscalía considera que esos elementos permitirían sostener que el imputado no contaba con habilitación profesional para brindar atención psicológica. En ese marco, la acusación sostiene que habría utilizado documentación académica presuntamente apócrifa para acreditar una condición profesional inexistente y acceder a una contratación con el Estado municipal.
DOCUMENTACIÓN MUNICIPAL Y PAGOS POR SERVICIOS.
Dentro del expediente también se incorporó documentación remitida por la Municipalidad de Los Altos. Entre los elementos analizados se encuentran el expediente administrativo de contratación, decretos municipales, el contrato de locación de servicios, una adenda contractual, facturas, órdenes de pago, comprobantes de retenciones impositivas y constancias de transferencias bancarias.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, entre mayo y octubre de 2023 Ruiz Díaz habría presentado ante el municipio copias de un título de Licenciado en Psicología y de un certificado analítico presuntamente falsos.
El objetivo habría sido acreditar una formación profesional que no poseía y obtener la contratación para brindar atención psicológica.
El 1 de junio de 2023, el acusado suscribió un contrato de locación de servicios con la Municipalidad de Los Altos. Posteriormente, el 30 de junio, se firmó una adenda para que prestara servicios como psicólogo en el Centro de Atención Integral a Familias y Diversidades.
Como consecuencia de esa contratación, el municipio habría efectuado seis pagos por servicios de Psicología. La Fiscalía estimó que la maniobra ocasionó un perjuicio económico a la Administración Pública municipal por un total de 840.000 pesos.
Para los investigadores, sin la presentación de la documentación que acreditaba presuntamente la condición profesional invocada, la contratación y las posteriores disposiciones patrimoniales no se habrían concretado. Por ese motivo, el expediente encuadra la conducta atribuida dentro de una posible defraudación contra el Estado municipal.
22 PERSONAS HABRÍAN RECIBIDO ATENCIÓN PSICOLÓGICA.
La segunda imputación se relaciona con el supuesto ejercicio ilegal de la profesión. Según la acusación, entre junio y octubre de 2023 Ruiz Díaz habría brindado atención psicológica a 22 personas en dependencias municipales, pese a no contar con título universitario ni matrícula profesional habilitante.
La Fiscalía recibió 26 declaraciones testimoniales, entre ellas las de personas que habrían sido atendidas por el imputado. Esos testimonios fueron incorporados junto con otros elementos destinados a reconstruir el funcionamiento del servicio, el tipo de atención prestada y las circunstancias en las que Ruiz Díaz se habría presentado como profesional.
La investigación también incluyó una inspección ocular, registros fotográficos y el análisis del soporte digital acompañado con la denuncia. La valoración conjunta de esos elementos permitió al fiscal sostener que existe un cuadro probatorio suficiente para avanzar hacia la instancia de debate oral.
No obstante, la elevación a juicio no implica una declaración de culpabilidad. Será durante el proceso judicial donde deberán analizarse las pruebas, los argumentos de la acusación y la defensa, y determinarse si los hechos imputados efectivamente ocurrieron y si Ruiz Díaz tuvo responsabilidad penal.
EL IMPUTADO SE ABSTUVO DE DECLARAR.
Al momento de prestar declaración indagatoria, Matías Ezequiel Ruiz Díaz estuvo asistido por un defensor particular y optó por abstenerse de declarar. El ejercicio de ese derecho no puede ser interpretado, por sí mismo, como una prueba de culpabilidad.
Luego de analizar los elementos reunidos durante la investigación, el fiscal Barros Jorrat consideró que las pruebas, evaluadas de manera individual y conjunta, conforman un cuadro “lógico, armónico y convergente”. Desde la perspectiva del Ministerio Público Fiscal, ese conjunto resulta suficiente para sostener, con el grado de probabilidad exigido en esta etapa procesal, la existencia de los hechos y la participación atribuida al imputado.
La causa será ahora remitida a la etapa correspondiente para avanzar hacia el juicio. Allí se discutirá la validez de la documentación presentada, el proceso de contratación municipal, los pagos realizados y la atención brindada a las personas que habrían concurrido al Centro de Atención Integral a Familias y Diversidades.
EL CONTROL SOBRE LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS.
El expediente vuelve a poner bajo análisis los mecanismos de control utilizados para contratar profesionales que prestan servicios en organismos públicos. Más allá de la responsabilidad individual que eventualmente determine la Justicia, el caso plantea interrogantes sobre la necesidad de verificar de manera previa y rigurosa los títulos, antecedentes y matrículas de quienes ingresan a trabajar en áreas vinculadas con la salud y la atención de personas.
La situación adquiere una dimensión especialmente sensible porque, según la imputación, entre las personas atendidas habría niños y familias que acudieron a un servicio municipal bajo la presunción de estar frente a un profesional habilitado.
La determinación de las consecuencias concretas de esas atenciones será uno de los aspectos que deberá examinarse durante el proceso judicial.
Por ahora, la Fiscalía dio por concluida la etapa de investigación y solicitó que Ruiz Díaz sea llevado a juicio por una presunta maniobra que habría combinado el uso de documentación académica apócrifa, una contratación estatal y el ejercicio de una profesión regulada sin la habilitación correspondiente.
