El presidente Javier Milei afirmó que durante 2025 fueron deportadas de la Argentina unas 10.000 personas a las que calificó como “terroristas” y que en lo que va de 2026 la cifra alcanzaría otras 20.000. Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista con el periodista Luis Majul para LN+, luego de la participación del mandatario en la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Milei sostuvo que se trataba de personas que, según su explicación, ingresaron desde otros países con el objetivo de “dinamitar el modelo argentino”.
A partir de esas afirmaciones, el diputado nacional y presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, presentó un pedido de acceso a la información pública y otro pedido de informes dirigido al Ministerio de Seguridad y a la Dirección Nacional de Migraciones.
El legislador solicitó que el Gobierno precise cuántas personas fueron efectivamente expulsadas durante los períodos mencionados y cuántas de ellas fueron deportadas específicamente por causales vinculadas con terrorismo, contempladas en el artículo 29 de la Ley de Migraciones 25.871.
Ferraro también pidió que se informe cuántas de esas personas tenían una imputación o condena y cuántas aparecen en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).
Además, reclamó que se detalle qué criterio se utilizó para calificar a cada persona como “terrorista” y qué información concreta sustenta esa categorización. El pedido incluye conocer si existen registros de ciudadanos extranjeros que hayan ingresado al país con la finalidad mencionada por Milei y si hubo denuncias judiciales relacionadas con esos hechos.
La presentación busca obtener documentación oficial que permita precisar el alcance de las cifras mencionadas públicamente por el Presidente y diferenciar las expulsiones migratorias de aquellas vinculadas específicamente con causales de terrorismo.
Hasta el momento, el dato de las 30.000 personas calificadas de esa manera corresponde a la afirmación realizada por Milei; el pedido de Ferraro apunta justamente a que el Gobierno detalle los registros y fundamentos que respaldan esa cifra y esa clasificación.
