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Fuerte condena de España, Francia e Italia tras el veto de Israel a la misa de Domingo de Ramos en Jerusalén.

Tel Aviv

El 29 de marzo de 2026, por primera vez en siglos, las autoridades israelíes impidieron que el cardenal Pierbattista Pizzaballa, máxima autoridad católica en Tierra Santa, y otros líderes religiosos accedieran al Santo Sepulcro en Jerusalén para oficiar la tradicional misa del Domingo de Ramos, generando un fuerte rechazo internacional.

Israel justificó la medida por motivos de seguridad debido al conflicto en curso con Irán y el riesgo de ataques con misiles en la Ciudad Vieja, lo que llevó inicialmente a la policía a cerrar los accesos a varios lugares santos.


La reacción de los gobiernos europeos no se hizo esperar. El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, calificó la decisión como un “ataque injustificado a la libertad religiosa” y exigió que se respete la diversidad de credos y el derecho internacional, responsabilizando directamente al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu por impedir la celebración de un rito esencial para la comunidad cristiana.


Desde Francia, el presidente Emmanuel Macron expresó su respaldo a los cristianos de Tierra Santa, condenando la medida policial y advirtiendo que la libertad de culto en Jerusalén “debe ser garantizada para todas las religiones”, y señalando que el episodio se sumaba a una preocupante serie de violaciones del estatus histórico de los lugares santos.


En Roma, la reacción también fue firme: el gobierno italiano calificó el veto como una “ofensa” no solo para los creyentes sino para toda comunidad que reconoce la libertad religiosa.

El ministro de Asuntos Exteriores italiano presentó una protesta formal ante las autoridades israelíes, subrayando que impedir el ingreso al Santo Sepulcro en una solemnidad central como el Domingo de Ramos constituía un desprecio hacia la sensibilidad de millones de personas en todo el mundo.


La decisión de bloquear el acceso al Santo Sepulcro no solo afectó a los líderes católicos, sino que se enmarca en un contexto más amplio de restricciones decretadas en Jerusalén desde el inicio del conflicto, con cierres de otros lugares sagrados y limitaciones a las concentraciones religiosas por cuestiones de seguridad.

La polémica llevó al primer ministro Netanyahu, tras las críticas internacionales, a ordenar que se permitiera el acceso del cardenal para el resto de la Semana Santa, aunque el incidente ya había generado un importante efecto político y diplomático en Europa y más allá.


La tensión diplomática refleja cómo un hecho puntual —el veto a una ceremonia religiosa histórica— ha tenido repercusiones globales y ha puesto en primer plano las preocupaciones sobre el respeto a la libertad de culto y al statu quo de los lugares sagrados en Jerusalén en medio de un conflicto regional más amplio.

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