El Gobierno nacional decidió retirar del Congreso el proyecto de ley que proponía reducir la edad de imputabilidad penal a los 13 años, tras múltiples críticas y debates públicos, y avanzó en un acuerdo político para establecerla en 14 años de edad.
La iniciativa original había generado un fuerte debate mediático y social, con opiniones encontradas entre sectores de la sociedad, organizaciones de derechos humanos y representantes políticos. Ante la presión y la falta de consenso, el Ejecutivo optó por reformular la propuesta y trabajar con distintos bloques parlamentarios para fijar la edad de imputabilidad en 14 años, una medida que buscaría equilibrar la respuesta estatal ante delitos graves cometidos por menores y las garantías procesales.
Autoridades del Gobierno y legisladores acordaron que la nueva redacción del proyecto contemplará criterios más estrictos para la intervención del sistema penal en adolescentes, incorporando debatidos mecanismos de enfoque restaurativo y la participación de organismos de protección de derechos de la niñez.
La decisión se conoció en una jornada de intensas negociaciones políticas donde participaron representantes de diversas fuerzas, en un contexto en el que el tema de la imputabilidad penal se ha convertido en uno de los principales puntos de discusión en la agenda pública y de seguridad ciudadana.
El nuevo texto del proyecto será presentado próximamente en el Parlamento, y se espera que continúe generando debate en torno a cómo abordará el sistema judicial los casos de delitos cometidos por jóvenes entre 14 y 18 años.
