Caracas.
La esposa del gendarme argentino Nahuel Agustín Gallo, María Alexandra Gómez, volvió a reclamar públicamente por la libertad inmediata de su marido, quien permanece detenido en Venezuela desde diciembre de 2024.
Su pedido se produjo en medio de una fuerte incertidumbre tras la aprobación de una ley de amnistía para presos políticos en ese país, de la cual según denuncias de organismos de derechos humanos—el nombre de Gallo no fue incluido entre los beneficiados.
A través de su cuenta en la red social X, Gómez expresó su profunda angustia por la situación que atraviesa su familia: “Exigimos una vez más la libertad inmediata de Nahuel Agustín Gallo. Han pasado 440 días sin escuchar su voz, sin una llamada, 440 días de angustia, de noches interminables, de un hijo que pregunta y espera”.
En esa misma línea, publicó una foto junto a su hijo sosteniendo un cartel que reclama por la liberación del suboficial: “Nahuel tiene que volver a casa. Su hijo lo necesita. Yo lo necesito. Todos lo estamos esperando con el mismo amor y la misma esperanza con la que resistimos cada día”, añadió.
La exigencia se da en el marco de la reciente aprobación por parte de la Asamblea Nacional de Venezuela de una ley de amnistía para presos políticos, destinada a liberar a cientos de detenidos acusados por motivos políticos tras años de tensión en el país.
Aunque oficialmente se informó que el beneficio podría abarcar periodos amplios, organismos independientes y defensores de derechos humanos advirtieron que la redacción final deja fuera a cientos de presos, incluidos militares y casos específicos como el de Gallo.
La ley fue aprobada con el objetivo de excarcelar a 379 detenidos, pero su alcance real genera confusión y críticas, ya que muchos familiares señalan que los plazos y condiciones establecidos excluyen a numerosos casos pendientes, manteniendo en situación de incertidumbre a los afectados y sus seres queridos.
Mientras tanto, en la cárcel venezolana El Rodeo I, donde permanece detenido Gallo, se reporta que al menos 100 presos políticos iniciaron una huelga de hambre para exigir la liberación de quienes aún no han sido excarcelados bajo la nueva normativa, lo que intensifica el reclamo y la visibilidad internacional de estos casos.
La familia del gendarme y organizaciones defensores de derechos humanos mantienen el pedido de libertad y denuncian que la exclusión de su caso de la amnistía representa una falta de justicia y transparencia en la implementación de la norma.
