La Justicia intimó al Gobierno nacional a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario y le otorgó un plazo de cinco días para acreditar la ejecución de las medidas ordenadas. La decisión fue adoptada por el juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11, quien advirtió que la medida cautelar vigente todavía no había sido cumplida de manera integral.
La resolución alcanza especialmente a los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, vinculados con la actualización de los salarios de docentes y trabajadores nodocentes y con la recomposición de las becas destinadas a estudiantes universitarios. El magistrado ordenó al Estado nacional y al Poder Ejecutivo que den “efectivo cumplimiento” a lo dispuesto dentro del plazo establecido. En caso de que persista el incumplimiento, la Justicia advirtió que podrá aplicar astreintes, es decir, multas económicas por cada día de demora.
El conflicto judicial se arrastra desde fines de 2025, cuando representantes del Consejo Interuniversitario Nacional y universidades nacionales promovieron un amparo colectivo.
La medida cautelar dictada posteriormente fue confirmada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal y quedó firme luego de que la Corte Suprema rechazara un recurso extraordinario presentado por el Gobierno.
En septiembre, además, Cormick había rechazado un pedido del Ejecutivo para levantar la cautelar al considerar que no se había demostrado que las medidas adoptadas hubieran resuelto la situación que originó el reclamo.
Durante el año, el Gobierno, el CIN y organizaciones gremiales habían alcanzado un acuerdo que contempló, entre otros puntos, un incremento de la masa salarial universitaria, una suba de los gastos de funcionamiento, fondos adicionales para hospitales universitarios y una actualización de las Becas Manuel Belgrano.
Sin embargo, mientras el Ejecutivo sostuvo que esas medidas permitían cumplir en lo sustancial con la ley, las organizaciones universitarias plantearon que el acuerdo no alcanzaba para cumplir integralmente con las obligaciones establecidas por la norma.
La nueva intimación judicial se produce en medio de la continuidad del conflicto salarial universitario. En la última reunión paritaria, el Gobierno ofreció un aumento del 3% para septiembre y otro 3% para octubre, propuesta que fue rechazada por los gremios. En paralelo, las organizaciones sindicales mantienen medidas de fuerza y anunciaron una nueva Marcha Federal Universitaria para el 15 de octubre, en reclamo del cumplimiento de la ley y de una recomposición salarial.
