La Justicia Federal abrió una investigación penal sobre Claudio “Chiqui” Tapia para determinar si pudo haber incurrido en un presunto enriquecimiento ilícito durante el período en el que desarrolló funciones en la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), organismo que actualmente preside.
El fiscal federal Gerardo Pollicita impulsó este viernes la causa y solicitó al juez federal Ariel Lijo una serie de medidas destinadas a reconstruir la evolución patrimonial, económica y financiera del dirigente. La investigación se encuentra en una etapa inicial y busca establecer si existe una explicación legal para la evolución de sus bienes y fondos declarados.
El expediente se inició a partir de una denuncia presentada el 7 de abril por el empresario Guillermo Tofoni, quien cuestionó la evolución del patrimonio de Tapia y sostuvo que entre 2017 y 2024 habría registrado un incremento cercano al 1.000%.
La denuncia toma como referencia las declaraciones juradas patrimoniales del dirigente y plantea que el crecimiento de sus activos líquidos no guardaría correlación con los ingresos declarados durante ese período.
La acusación deberá ahora ser contrastada con documentación oficial y registros financieros, ya que el objetivo de la investigación judicial será determinar si las diferencias señaladas pueden ser justificadas por ingresos legítimos, operaciones patrimoniales u otras fuentes de recursos.
En ese marco, Pollicita pidió al juez Lijo que avance con una batería de aproximadamente 20 medidas de prueba. Entre ellas se encuentra el levantamiento de los secretos bancario, fiscal y bursátil de Tapia, además de requerimientos a organismos como ARCA, el Banco Central, la Unidad de Información Financiera, registros de la propiedad y Migraciones.
También se busca obtener información sobre sus declaraciones juradas, cuentas bancarias, bienes, movimientos financieros, nivel de consumo y eventuales tenencias en otros instrumentos.
La fiscalía pidió además información a la CONMEBOL sobre los cargos que Tapia desempeñó en esa entidad y los ingresos que pudo haber percibido por esas funciones, con el objetivo de reconstruir de manera completa sus fuentes de ingresos.
El dato central de la investigación es que el expediente se concentra en la condición de funcionario público de Tapia en el CEAMSE. El dirigente integra ese organismo desde hace años: comenzó como vicepresidente y posteriormente asumió la presidencia. Su actual función al frente de la AFA no constituye el objeto de esta investigación, ya que se trata de un cargo ejercido de manera ad honorem.
La denuncia, además, se produce en medio de otros conflictos judiciales que involucran al titular del fútbol argentino, aunque cada expediente tiene objetos y alcances diferentes.
Según la información incorporada a la denuncia, Tapia habría declarado en 2017 cuatro propiedades, un vehículo y alrededor de $1,5 millones en activos líquidos.
Para 2024, siempre de acuerdo con la documentación citada por los denunciantes, habría informado más de $1.002 millones en depósitos bancarios, más de $39 millones en efectivo y unos US$246.206 en una caja de ahorro valuada al tipo de cambio oficial.
La denuncia también menciona ingresos declarados por su actividad en el CEAMSE y por su función como vicepresidente de la CONMEBOL. Estos datos son precisamente los que la fiscalía pretende verificar mediante los cruces de información solicitados a distintos organismos.
La causa quedó radicada en los tribunales federales de Comodoro Py después de una disputa de competencia que fue resuelta por la Cámara Federal porteña.
Ahora será el juez Ariel Lijo quien deberá resolver cuáles de las medidas solicitadas por el fiscal serán autorizadas y, posteriormente, la información obtenida deberá ser analizada mediante un informe patrimonial, económico y financiero.
Recién a partir de ese proceso la fiscalía podrá determinar si existen elementos suficientes para avanzar con una imputación concreta o si, por el contrario, la evolución patrimonial cuestionada puede ser explicada dentro de la legalidad.
La investigación vuelve a colocar a Tapia bajo la lupa judicial y agrega un nuevo frente a los distintos expedientes que rodean al máximo dirigente del fútbol argentino. Sin embargo, el avance de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito no equivale a una condena ni demuestra por sí mismo la existencia de un delito.
El punto central será establecer, a partir de la documentación bancaria, fiscal, patrimonial y financiera, si existe una diferencia injustificada entre los ingresos legalmente declarados y el patrimonio acumulado durante los años en los que ejerció funciones públicas en el CEAMSE. Mientras tanto, la causa continuará bajo la órbita del fiscal Pollicita y el juez Lijo.
