El proyecto de reforma de la Ley de Tierras Rurales impulsado por el Gobierno nacional ha generado un fuerte debate político y social. Sus defensores sostienen que busca atraer inversiones y aumentar la producción, mientras que sus críticos advierten que podría facilitar una mayor compra de tierras por parte de extranjeros y afectar el control sobre recursos estratégicos.
El proyecto todavía debe atravesar el proceso legislativo para convertirse en ley.
Entre los principales cambios que propone la iniciativa se encuentran:
Eliminar el límite nacional del 15% de tierras rurales que actualmente pueden estar en manos de personas o empresas extranjeras. Ese límite fue establecido por la Ley 26.737 sancionada en 2011.
Transferir a las provincias la decisión sobre si establecen o no restricciones para la compra de tierras por extranjeros, en lugar de mantener una regulación uniforme a nivel nacional.
Eliminar el límite por nacionalidad, que hoy impide que ciudadanos o empresas de un mismo país concentren una gran proporción de tierras rurales.
Suprimir los topes de superficie que actualmente restringen la cantidad de hectáreas que un extranjero puede adquirir en una misma región.
Modificar las restricciones sobre tierras con recursos hídricos, permitiendo operaciones que hoy están limitadas por la legislación vigente. Este es uno de los puntos que más controversia genera.
Los argumentos del Gobierno son que estas modificaciones permitirían atraer inversiones, generar empleo, incrementar la producción agropecuaria y eliminar regulaciones que, según sostiene, desalientan el ingreso de capitales al país.
En cambio, sectores de la oposición, organizaciones rurales, especialistas y entidades ambientalistas advierten que la reforma podría favorecer la concentración de tierras en manos extranjeras y reducir el control sobre recursos considerados estratégicos, como el agua, los bosques, las zonas fronterizas y los yacimientos minerales. También cuestionan que la eliminación de los límites nacionales podría generar diferencias importantes entre provincias.
Es importante distinguir entre el contenido del proyecto y las interpretaciones sobre sus efectos. Decir que la ley «vende el país a los extranjeros» es una caracterización utilizada por algunos de sus críticos, pero no es una descripción objetiva del texto del proyecto.
Lo que la iniciativa propone es flexibilizar o eliminar varias restricciones vigentes para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros; el impacto real dependería de cómo quede finalmente aprobada y de su aplicación.
