La administración de las Islas Malvinas, bajo control británico, anunció la prórroga por cinco años de todas las licencias vigentes para actividades de exploración de hidrocarburos offshore, con la posibilidad de extenderlas otros dos años.
La decisión cuenta con el respaldo del Gobierno del Reino Unido y se conoció en momentos en que Argentina intensifica su reclamo por la soberanía del archipiélago.
El anuncio se produjo antes de la llegada del presidente Javier Milei a Nueva York, donde tiene previsto ratificar ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas.
La medida británica se suma a una disputa creciente en torno a la explotación de recursos naturales en las aguas del Atlántico Sur. Argentina sostiene que las licencias otorgadas por la administración isleña son ilegales y que las actividades hidrocarburíferas requieren autorización argentina.
Cheryl Roberts, integrante de la Asamblea Legislativa de las islas y responsable de las áreas de Comercio, Industria y Recursos Minerales, defendió la extensión de los permisos. Según declaró, las prórrogas brindan seguridad a los operadores para continuar invirtiendo y desarrollando sus áreas, y sostuvo que los recursos serán desarrollados bajo estándares ambientales y de seguridad.
La decisión alcanza a proyectos vinculados con la exploración petrolera en la zona, entre ellos Sea Lion, desarrollado por la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration. Además, la administración isleña aprobó la adquisición por parte de una subsidiaria de Navitas del 65% del área PL001, ubicada junto al proyecto. Las empresas proyectan avanzar hacia la producción de petróleo en 2028.
El conflicto también tiene una dimensión jurídica. Argentina inició procedimientos administrativos y denuncias contra compañías vinculadas con la explotación de hidrocarburos en el área, mientras que el Reino Unido sostiene una posición contraria respecto de la jurisdicción argentina.
En paralelo, Argentina invoca la Resolución 31/49 de la ONU, que llama a las partes a abstenerse de adoptar decisiones unilaterales mientras permanezca pendiente una solución a la disputa de soberanía.
