El presidente de la Nación, Javier Milei, oficializó la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación, que se llevarán a cabo entre el 2 y el 27 de febrero de 2026, según quedó establecido en el Decreto 24/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial y firmado también por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Este nuevo periodo de actividad parlamentaria fuera del calendario ordinario fue diseñado por el Poder Ejecutivo con el objetivo de que ambas cámaras Diputados y Senadores debatan y eventualmente aprueben un conjunto de proyectos prioritarios para la gestión del presidente Milei. La Constitución Nacional faculta al Presidente a convocar sesiones extraordinarias para tratar temas determinados y limitados, y no todo el temario general que corresponde al año legislativo.
Entre los temas principales incluidos en el anexo del decreto figura la propuesta de modernización laboral, considerada uno de los pilares de la agenda económica del Gobierno, así como la adecuación del régimen de preservación de los glaciares y ambiente periglacial, lo que implicaría modificaciones a la actual Ley 26.639. También se prevé el tratamiento de la aprobación del Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, otro de los compromisos fijados por la administración nacional.
Además, dentro del temario se incluye el pliego para la designación de Fernando Adolfo Iglesias como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, conforme a las normas del Servicio Exterior de la Nación.
La convocatoria llega en un contexto donde el Gobierno busca avanzar con proyectos estructurales antes del inicio del período de sesiones ordinarias, previsto para el 1 de marzo, y en medio de negociaciones políticas tanto con aliados como con sectores de la oposición que plantean reservas sobre algunos puntos de la agenda.
Durante estas sesiones extraordinarias, el Congreso solo podrá debatir los asuntos expresamente incluidos en el temario oficial. Cualquier otro proyecto que no forme parte de ese listado deberá esperar una nueva convocatoria presidencial o requerir el consentimiento expreso del Ejecutivo para ser incorporado al debate.
