El paro de colectivos comenzó a sentirse con fuerza en distintas ciudades del interior del país, mientras las empresas del sector aseguran que el transporte atraviesa una situación crítica y advierten que el sistema se encuentra en “emergencia”. La medida impacta de lleno en miles de usuarios que dependen del servicio para sus actividades diarias.
Desde el sector empresario sostienen que el conflicto responde a una combinación de factores que vuelve inviable la prestación normal: aumento sostenido del precio del combustible, atraso en los subsidios y una caída en la cantidad de pasajeros. Este escenario ya derivó en reducción de frecuencias y servicios limitados en varias jurisdicciones.
La advertencia es contundente: aseguran que gran parte de las empresas del interior está al borde del colapso financiero, con riesgo concreto de interrupciones totales del servicio. Incluso, cámaras del sector alertaron que hasta un 80% de las compañías podría enfrentar cierres si no hay respuestas urgentes.
En el plano político, el conflicto vuelve a exponer la tensión entre Nación y las provincias por el financiamiento del transporte. La eliminación de fondos compensadores y la discusión por los subsidios profundizan las desigualdades entre el AMBA y el interior, donde el sistema depende en mayor medida de recursos locales.
Mientras tanto, el Gobierno nacional sostiene que cumplió con los pagos y anticipa sanciones a las empresas que reduzcan el servicio, lo que agrega un nuevo capítulo a la disputa.
El resultado es un escenario de alta conflictividad: usuarios afectados, empresas en crisis y un sistema de transporte que, según sus propios protagonistas, ya funciona al límite.
