La histórica cooperativa láctea SanCor solicitó su propia quiebra ante la Justicia, en un movimiento que sacude al sector productivo y reaviva el debate sobre el rumbo económico del país. La empresa, símbolo de la industria nacional durante décadas, reconoce así que ya no puede hacer frente a sus deudas tras un prolongado deterioro financiero.
El pedido se da luego de más de un año en concurso preventivo, instancia que no logró revertir la crisis. Con una deuda cercana a los 120 millones de dólares y más de 1.500 acreedores, la compañía llegó a un punto de “cesación de pagos e insolvencia definitiva”, según señalaron fuentes vinculadas al proceso.
El impacto social es inmediato: trabajadores denuncian hasta ocho meses de sueldos impagos y un escenario de incertidumbre total sobre la continuidad laboral. La caída productiva, la falta de financiamiento y los conflictos internos terminaron por sellar el destino de una empresa que supo ser líder en la lechería argentina.
En el plano político, el caso SanCor vuelve a poner en el centro de la escena la situación de la industria nacional, el rol del Estado y las condiciones económicas actuales.
Mientras algunos sectores adjudican el colapso a años de mala administración y endeudamiento, otros advierten sobre el impacto del contexto económico y la falta de herramientas para sostener empresas estratégicas.
La quiebra de SanCor no es solo la caída de una empresa: es un nuevo capítulo en la crisis productiva argentina que abre interrogantes sobre el futuro del empleo, la industria y el modelo económico en marcha.
