Antes de ser llevado al Servicio Penitenciario Provincial de Miraflores, tras la confirmación de su condena a nueve años de prisión por delitos de abuso sexual con acceso carnal y privación ilegítima de la libertad agravada, el exintendente catamarqueño Elpidio Guaraz lanzó una serie de polémicas acusaciones a través de sus redes sociales que sacudieron la escena política y judicial de Catamarca.
En publicaciones recientes, Guaraz se proclamó inocente y afirmó ser víctima de una injusticia “orquestada” por referentes del oficialismo provincial, entre ellos el gobernador Raúl Jalil, la diputada nacional Lucía Corpacci y el dirigente Fidel “Pocho” Sáenz, asegurando que su detención tendría motivaciones políticas más allá de los hechos por los que fue condenado.
El exjefe comunal además sostuvo que se enfrentó al poder político por no permitir “robos” durante su gestión municipal y, en la misma línea, vinculó su situación con el caso del homicidio del exministro de Desarrollo Social Juan Carlos Rojas, afirmando que no querían “que hable” sobre ese crimen, sugiriendo que poseía información que podría comprometer a importantes figuras políticas.
Estas manifestaciones no quedaron en el terreno de las redes: el fiscal de Instrucción N°5, Hugo Costilla, ya citó formalmente a Guaraz para que preste declaración ante la Justicia sobre sus dichos, en el marco de la investigación sobre el asesinato de Rojas y para determinar si sus acusaciones tienen algún sustento procesal o se tratarían de una maniobra mediática.
El contexto es especialmente complejo: mientras se lo cita por estas acusaciones, Guaraz ya enfrenta una orden de detención para que comience a cumplir la pena que le fue impuesta en otra causa, y su defensa ya presentó recursos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación buscando frenar o morigerar la ejecución de la detención.
La situación generó reacciones de distintos sectores políticos e institucionales. Por un lado, legisladores de la oposición reclamaron que la Justicia investigue con profundidad los dichos del exintendente, y por otro, autoridades provinciales salieron a desmentir las acusaciones, defendiendo la legitimidad del proceso judicial que condenó a Guaraz y rechazando cualquier intento de vincular su caso con presuntas persecuciones políticas.
La comparecencia judicial prevista para estos días será clave para determinar si las afirmaciones de Guaraz constituyen una denuncia con potenciales implicancias jurídicas o si quedarán en el ámbito de una estrategia defensiva en medio de su traslado al penal y la ejecución de su condena.
