Casacas.
La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este jueves 19 de febrero de 2026 una Ley de Amnistía para la liberación masiva de presos por motivos políticos, en un paso que marca un giro significativo en la política interna del país caribeño.
La norma fue aprobada por unanimidad en el Parlamento controlado por el oficialismo y ahora deberá ser promulgada por la presidenta interina, Delcy Rodríguez, antes de entrar en vigor oficialmente.
¿Qué contempla la ley?
La nueva legislación, denominada Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, está diseñada para otorgar amnistía general a personas detenidas por razones políticas durante diversos episodios de crisis que abarcan aproximadamente desde 2002 hasta 2025.
Esto incluye dirigentes opositores, activistas, periodistas, estudiantes y otros sectores que, según organizaciones de derechos humanos, estuvieron presos por sus posturas políticas.
Sin embargo, la ley no es absoluta: excluye explícitamente a quienes hayan participado o puedan ser procesados por promover o financiar acciones armadas, delitos graves como homicidio, tráfico de drogas, corrupción o graves violaciones a los derechos humanos.
Estas limitaciones fueron incorporadas durante el debate parlamentario para intentar calmar preocupaciones sobre impunidad.
Impacto social y político
La aprobación de esta ley se produce en un contexto de fuerte presión de familiares de detenidos, algunos de los cuales realizaron huelgas de hambre que duraron varios días, exigiendo la liberación de personas que consideran presos políticos. Tras la votación, estas protestas cesaron mientras los familiares esperaban resultados concretos de la normativa.
Organizaciones defensoras de derechos humanos han recibido la medida con cautela, señalando que la amnistía, aunque histórica, podría no alcanzar a todos los que reclaman libertad y podría dejar a muchas personas aún tras las rejas si no cumple con su aplicación plena.
Próximos pasos.
Una vez promulgada y publicada en la Gaceta Oficial, la ley podrá comenzar a regir y abrir la posibilidad de excarcelaciones o revisión de casos. Además, su implementación y alcance real seguirán siendo objeto de análisis internacional y local, especialmente en medio de tensiones políticas más amplias y de las relaciones de Venezuela con otros países.
