La Justicia Federal puso bajo análisis las operaciones con Bitcoin que Manuel Adorni presentó como explicación del crecimiento de su patrimonio durante los últimos años. El fiscal Gerardo Pollicita inició una nueva etapa de investigación en la causa en la que el exjefe de Gabinete es investigado por presunto enriquecimiento ilícito y solicitó la intervención de especialistas de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), del Ministerio Público Fiscal. El objetivo es verificar la trazabilidad de las operaciones y contrastarlas con la explicación presentada por su defensa.
Según el descargo presentado por Adorni, una parte sustancial del dinero declarado en efectivo provendría de inversiones en Bitcoin realizadas antes de su llegada a la función pública. La defensa sostuvo que entre 2014 y 2017 habría destinado alrededor de US$200.000 a la compra de criptomonedas y que, tras la valorización de esos activos, las ventas realizadas entre 2017 y 2018 le permitieron obtener US$591.544,61.
Esos fondos, según su versión, permanecieron prácticamente intactos durante varios años y comenzaron a utilizarse posteriormente para adquirir bienes y afrontar distintos gastos.
El punto que ahora busca determinar la Fiscalía es quién tenía efectivamente el control de las ocho billeteras donde circularon esos activos digitales. Las direcciones no están registradas a nombre de Adorni, ya que se trata de billeteras de autocustodia.
La defensa sostiene que la posesión de las claves privadas acredita la titularidad y entregó esas claves a su abogado, Matías Ledesma, dentro de un sobre cerrado y lacrado. Además, presentó un acta notarial que acredita que actualmente Adorni puede acceder a esas cuentas. Sin embargo, los investigadores quieren establecer quién las controlaba específicamente en el momento en que se produjeron las operaciones cuestionadas.
Otro aspecto que deberá ser reconstruido es la modalidad mediante la cual, según la explicación de Adorni, se realizaron las operaciones. El exfuncionario afirmó que compraba y vendía Bitcoin directamente con particulares, mediante encuentros presenciales y utilizando dólares en efectivo, sin bancos, exchanges ni otros intermediarios.
La blockchain permite rastrear los movimientos de las criptomonedas, pero la Fiscalía deberá determinar cómo se produjo la entrega del dinero físico y si la documentación presentada resulta suficiente para acreditar el origen de los fondos. Para ello, se analizarán las fechas, montos y movimientos asociados a cada una de las operaciones.
La investigación también mantiene bajo análisis las explicaciones de Adorni sobre el costo de las obras realizadas en su vivienda del country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. Mientras un contratista había declarado que los trabajos tuvieron un costo cercano a US$245.000, la defensa sostiene que el monto real fue de aproximadamente US$175.000 y presentó estudios contables y técnicos para respaldar esa cifra. La Fiscalía también revisará esta diferencia junto con la documentación aportada por las partes.
Por ahora, el fiscal Pollicita no solicitó la indagatoria de Adorni. La estrategia consiste en avanzar primero con nuevas medidas de prueba para comprobar si las explicaciones ofrecidas permiten justificar las inconsistencias detectadas en su evolución patrimonial.
Una vez concluidas esas verificaciones, la Justicia deberá determinar si existen elementos suficientes para avanzar hacia una eventual citación a indagatoria o si las explicaciones presentadas logran despejar las dudas planteadas en la investigación.
