La Auditoría General de la Nación (AGN) decidió incorporar a su plan de trabajo para 2027 dos auditorías sobre concesiones estratégicas para el Gobierno de Javier Milei: la licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay y la prórroga del contrato de explotación de Aeropuertos Argentina, empresa vinculada al empresario Eduardo Eurnekian.La decisión fue aprobada por el Colegio de Auditores y todavía debe completar el trámite ante la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas.
Las revisiones fueron propuestas por el presidente del organismo, Juan Manuel Olmos.Uno de los puntos centrales será la adjudicación de la Hidrovía al consorcio integrado por la empresa belga Jan De Nul y la argentina Servimagnus, agrupadas bajo la firma Vía Navegable Argentina. La concesión, otorgada por 25 años, quedó bajo cuestionamiento por denuncias vinculadas con presuntas irregularidades en el proceso de licitación y falta de transparencia en la evaluación de las ofertas.
En ese marco, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) había advertido sobre posibles vulneraciones al principio de transparencia y cuestionado la ausencia de parámetros objetivos para evaluar determinados aspectos técnicos.
También se plantearon interrogantes sobre la participación de posibles socios vinculados al Grupo Neuss, aunque esas vinculaciones forman parte de los cuestionamientos que deberán analizarse.La segunda auditoría estará centrada en la extensión de la concesión de Aeropuertos Argentina, que administra 35 terminales aeroportuarias en el país.
La prórroga, que proyecta la explotación hasta 2056, fue cuestionada por la forma en que se tramitaron los acuerdos y por la utilización de actas reservadas durante las negociaciones con la empresa de la familia Eurnekian.La AGN también prevé incorporar revisiones sobre universidades nacionales, empresas públicas, fideicomisos y distintos organismos descentralizados.
El programa de auditorías de 2027 buscará examinar procedimientos administrativos y contratos estatales que involucran importantes recursos económicos.La decisión coloca bajo revisión dos concesiones de alto impacto económico y estratégico para el país, en un contexto de cuestionamientos sobre los mecanismos de adjudicación, los controles estatales y la transparencia en la administración de bienes y servicios públicos.
