La Cámara Federal porteña confirmó este martes el procesamiento de Diego Spagnuolo, exdirector ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en la causa que investiga presuntas irregularidades en las contrataciones y compras de medicamentos realizadas durante su gestión. La decisión fue adoptada por los jueces Roberto Boico y Eduardo Farah, integrantes de la Sala II, y también alcanzó a otros 18 imputados.
Spagnuolo quedó procesado por los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública y cohecho pasivo. Además, la resolución judicial sostiene la hipótesis de una asociación ilícita integrada por funcionarios y particulares. La investigación analiza presuntos mecanismos de direccionamiento de contrataciones, sobreprecios y eventuales pagos indebidos vinculados con la adquisición de medicamentos de alto costo.
El expediente también involucra a Daniel Garbellini, quien se desempeñó como funcionario de la ANDIS, y al empresario Miguel Ángel Calvete, entre otros acusados. De acuerdo con la investigación, las operaciones bajo análisis incluyen órdenes de compra por más de $30.337 millones. La causa contempla además otras adquisiciones de insumos médicos, mientras los investigadores buscan determinar el alcance de las presuntas maniobras y las responsabilidades de cada uno de los involucrados.
Uno de los puntos discutidos por las defensas es el origen y la autenticidad de los audios atribuidos a Spagnuolo que dieron impulso inicial al caso. La Cámara rechazó los planteos destinados a cuestionar la continuidad de la investigación, mientras que las grabaciones continúan siendo sometidas a un peritaje de Gendarmería Nacional. La fiscalía sostiene, además, que existen otros elementos de prueba independientes de los audios, entre ellos documentación, allanamientos y análisis de dispositivos secuestrados.
La causa había avanzado inicialmente con los procesamientos dictados por el juez Sebastián Casanello y actualmente continúa bajo la órbita del juez Ariel Lijo, quien subroga el Juzgado Federal N.º 11. La confirmación de la Cámara representa un nuevo paso procesal en un expediente que todavía continúa en etapa de investigación y en el que las acusaciones deberán ser sometidas a las distintas instancias judiciales antes de una eventual elevación a juicio.
