La Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Exhortos confirmó el pedido de desafuero del diputado provincial del MID, Javier Galán, aunque decidió limitarlo al presunto delito de peculado de servicios. El tribunal desestimó, en esta instancia, las acusaciones por amenazas y exacciones ilegales que también formaban parte del planteo original.
La resolución se origina en una denuncia presentada por Iván Luna Avellaneda, quien aseguró que, pese a figurar como empleado de la Legislatura, habría sido obligado a realizar tareas en el Corralón San Javier, propiedad de Galán.
También denunció que debía transferir parte de sus haberes a terceras personas y relató un episodio en el que el legislador presuntamente lo habría increpado mientras sostenía un cuchillo. Estos hechos son materia de investigación y no constituyen una condena.
Con la decisión de Apelaciones, el pedido de desafuero deberá avanzar ahora hacia la Legislatura para su eventual tratamiento. Los fundamentos completos del fallo serán conocidos el próximo lunes 21 de septiembre. La medida permitirá que continúe el proceso judicial por el presunto peculado de servicios, mientras que las acusaciones por amenazas y exacciones ilegales quedaron fuera del pedido de desafuero confirmado.
Galán, por su parte, sostuvo públicamente que la resolución representa un reconocimiento a su posición porque fueron descartadas dos de las acusaciones incluidas originalmente. El diputado reafirmó su inocencia, aseguró que nunca amenazó ni pidió dinero a nadie y afirmó que continuará recurriendo a la Justicia para demostrar que las acusaciones son injustas. También volvió a atribuir la investigación a una supuesta persecución política vinculada con su actuación como legislador.
El legislador enfrenta además otras investigaciones judiciales, entre ellas una vinculada a denuncias por presuntos delitos de abuso sexual. A comienzos de septiembre, la Cámara de Apelaciones había rechazado un planteo de Galán para frenar esa investigación.
