La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) volvió a abonar en septiembre el beneficio correspondiente a los haberes de agosto de 2026 de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, luego de que la Justicia ordenara restituir de manera provisoria una de las prestaciones previsionales que habían sido suspendidas por el Gobierno. El monto bruto liquidado fue de $16.090.877,01, aunque el importe final percibido es menor debido a los descuentos correspondientes.
El pago se realiza en cumplimiento de una medida cautelar dictada por la Cámara Federal de la Seguridad Social, que dispuso la rehabilitación temporal de la prestación. La decisión judicial se produjo después de que ANSES suspendiera los beneficios especiales de la exmandataria a fines de 2024, a partir de la ratificación de su condena en la causa Vialidad. Cristina Kirchner recurrió a la Justicia para reclamar la restitución de los haberes mientras continúa la discusión judicial sobre el fondo de la cuestión.
La prestación que volvió a liquidarse corresponde a la pensión derivada del expresidente Néstor Kirchner. Según la información difundida por ANSES, el organismo rehabilitó el beneficio con el mensual correspondiente a agosto por el monto bruto de $16.090.877,01 y aplicó los descuentos legales vigentes. Entre ellos se encuentran los correspondientes a obra social e impuesto a las ganancias. Además, se mantiene una quita del 20% vinculada con un mecanismo de recupero por sumas que el organismo considera percibidas indebidamente.
El conflicto no está cerrado.
El Ministerio de Capital Humano, del que depende ANSES, continúa cuestionando judicialmente la restitución del beneficio y prepara nuevas acciones ante la Corte Suprema de Justicia. El objetivo del Gobierno es revertir la medida cautelar que permitió reanudar el pago y evitar que la prestación continúe abonándose mientras se resuelve de manera definitiva la controversia judicial.
La disputa tiene como antecedente la decisión administrativa del Gobierno de suspender las asignaciones especiales que percibía la expresidenta luego de que quedara firme la condena dictada en la causa Vialidad. Desde la administración nacional se sostuvo que la legislación sobre asignaciones vitalicias debía ser aplicada teniendo en cuenta la situación judicial de la exmandataria, mientras que la defensa de Cristina Kirchner argumentó que la suspensión del beneficio resultaba ilegítima y reclamó su restitución.
La Justicia, al disponer provisoriamente la rehabilitación, no resolvió de manera definitiva la controversia sobre el derecho de la expresidenta a continuar percibiendo el beneficio. La decisión tuvo carácter cautelar y estuvo vinculada, entre otros argumentos, con la naturaleza alimentaria de la prestación. Por eso, el Gobierno busca que la Corte Suprema revise el caso y determine si corresponde mantener o dejar sin efecto la medida que permitió reanudar los pagos.
El caso también tiene una fuerte dimensión política. La discusión sobre las denominadas jubilaciones o pensiones de privilegio se convirtió en uno de los puntos de confrontación entre el gobierno de Javier Milei y la expresidenta. Para la Casa Rosada, mantener el pago de una prestación de este nivel a una exmandataria condenada constituye una situación que debe ser revisada; para Cristina Kirchner, en cambio, se trata de un derecho previsional que fue restituido por decisión judicial.
A la discusión sobre la continuidad del beneficio se suma otro reclamo económico del Estado. Según información publicada por El Cronista, el Gobierno busca recuperar una suma superior a los $660 millones, correspondiente al período previo a la rehabilitación del pago. También permanece abierta otra causa relacionada con la posibilidad de percibir simultáneamente dos prestaciones bajo el régimen especial establecido por la Ley 24.018.
De esta manera, el pago de agosto que ANSES efectivizó durante septiembre no representa el cierre del conflicto, sino un nuevo capítulo de una disputa que continúa tanto en los tribunales como en el terreno político. Mientras el organismo previsional cumple provisoriamente con la orden judicial, el Ministerio de Capital Humano busca que la Corte Suprema revierta esa decisión y defina el futuro de la prestación.
El caso volverá así a quedar en manos de la Justicia, en una controversia que combina cuestiones previsionales, decisiones administrativas y consecuencias derivadas de una condena penal. Hasta que exista una resolución definitiva, ANSES deberá continuar aplicando las decisiones judiciales vigentes, mientras el Gobierno mantiene su estrategia para intentar impedir que el beneficio siga siendo abonado.
