El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires avanzará con un pedido de juicio político contra la jueza Laura Beatriz De Marinis, luego de que la magistrada declarara, para un caso concreto, la inconstitucionalidad del artículo 1 de la Ley 27.801, que establece el nuevo Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil para adolescentes de entre 14 y 17 años.
La presentación será impulsada por el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, quien anunció que acudirá al Consejo de la Magistratura de la Ciudad.
La resolución de De Marinis se produjo en una causa iniciada por un intento de robo ocurrido el 10 de septiembre. El expediente involucraba a un adolescente de 14 años, quien fue sobreseído por la magistrada.
El fallo consideró que, dadas las circunstancias particulares del caso, la aplicación del nuevo régimen penal resultaba incompatible con principios constitucionales y con los estándares de protección de los derechos de niños y adolescentes. La propia Justicia porteña aclaró que la declaración de inconstitucionalidad se limita exclusivamente a este expediente y no implica la suspensión general de la Ley 27.801.
Entre los fundamentos de la decisión, la jueza hizo referencia al principio de progresividad y a la prohibición de regresividad en materia de derechos, además del interés superior del niño y el principio de proporcionalidad. También tuvo en cuenta que el hecho investigado quedó en grado de tentativa y que el adolescente no había provocado un desapoderamiento efectivo. Tras disponer el sobreseimiento, ordenó dar intervención al Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes para que se adopten medidas desde el sistema de protección integral.
La decisión generó una rápida reacción del Gobierno porteño. Tapia sostuvo que presentará el pedido de juicio político a título personal y cuestionó que la magistrada haya dejado sin efecto, para este caso, la aplicación de una norma sancionada por el Congreso. El jefe de Gobierno, Jorge Macri, también anunció que impulsará el proceso contra De Marinis. Paralelamente, el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad apeló el fallo y solicitó el apartamiento de la jueza de la causa, por lo que la resolución todavía puede ser revisada por instancias superiores.
El nuevo Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil, establecido por la Ley 27.801 y vigente desde el 5 de septiembre, contempla la aplicación del sistema penal a personas de entre 14 y 17 años imputadas por delitos previstos en el Código Penal o en leyes penales especiales. El caso de CABA abrió así una nueva discusión judicial y política sobre el alcance de la reforma, mientras distintas partes del expediente avanzan por vías diferentes: la apelación contra el fallo y el pedido de juicio político contra la magistrada.
