Una auditoría realizada sobre la ex Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) detectó una diferencia de $158.717 millones entre los registros internos de deuda exigible de dos áreas del organismo.
El relevamiento, que examinó la gestión hasta el 21 de agosto de 2025, quedó incorporado al escenario de la causa judicial que investiga presuntas irregularidades en contrataciones y compras vinculadas con el área de discapacidad.
El desfasaje surgió al comparar la información proporcionada por la Dirección de Presupuesto y Contabilidad (DPYC) y la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud (DNASS). Esta última dependencia, que interviene en programas como Incluir Salud y en la adquisición de medicamentos e insumos, informó una deuda superior a la registrada por el área contable. La diferencia exacta señalada en la auditoría asciende a $158.717.131.557,63.
El informe también advirtió que algunos de los montos informados por la DNASS podrían haber sufrido modificaciones debido a errores de carga por parte de prestadores. Además, la auditoría no discriminó en detalle cómo estaba compuesta la totalidad de esa deuda no registrada, por lo que el desfasaje constituye una diferencia contable que continúa bajo análisis y no implica por sí mismo que la totalidad del monto corresponda a fondos desviados.
La investigación judicial sobre la Andis tiene entre sus ejes las compras de medicamentos e insumos realizadas durante la gestión encabezada por Diego Spagnuolo.
El fiscal Franco Picardi puso bajo análisis procedimientos de contratación de la DNASS y señaló presuntas irregularidades relacionadas con sobreprecios y falta de procedimientos administrativos adecuados. Desde el entorno de Spagnuolo, en tanto, negaron que el exfuncionario haya intervenido en la selección de proveedores, la evaluación de precios o las adjudicaciones.
Otro de los puntos observados por la auditoría fue el uso de la figura de “Legítimo Abono”, mecanismo que permite reconocer y pagar bienes o servicios que ya fueron entregados o prestados sin haber seguido previamente los procedimientos ordinarios de contratación.
El relevamiento indicó que, hasta la fecha de corte, se habían utilizado estos mecanismos y que solo se habían iniciado seis procedimientos de compra para los servicios analizados.
