El acceso al aborto legal en Argentina se mantuvo durante 2025 en niveles similares a los registrados en años anteriores, pese a la reducción del financiamiento nacional destinado a políticas de salud sexual y reproductiva.
Así surge de un informe elaborado por Proyecto Mirar, en conjunto con el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) e Ibis Reproductive Health, que relevó la implementación de la Ley 27.610 y las condiciones de acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo.
De acuerdo con el relevamiento, durante 2025 se realizaron 87.603 interrupciones voluntarias y legales del embarazo en el sistema público de 20 provincias. El informe señala que la cantidad no presentó modificaciones significativas respecto de la medición anterior.
La información fue recopilada mediante pedidos de acceso a la información pública realizados a las autoridades sanitarias y complementada con datos de distintas organizaciones.
El reporte advierte, sin embargo, sobre el retroceso de la participación del Estado nacional en el financiamiento de estos servicios. Según Proyecto Mirar, entre 2023 y 2026 el presupuesto del programa de Desarrollo de Salud Sexual y Procreación Responsable del Ministerio de Salud de la Nación se redujo un 57%.
Además, la población alcanzada por la compra nacional de anticonceptivos pasó de más de 1,2 millones de personas en 2024 a unas 63.000 en 2026, una disminución del 93%.
Ante este escenario, 13 provincias informaron que realizaron compras de insumos con recursos propios para sostener la atención: Buenos Aires, Chaco, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego.
El informe también señala que el aborto con medicamentos continúa siendo la modalidad predominante entre los procedimientos informados. En paralelo, el 0800 Salud Sexual de la Nación registró que las consultas relacionadas con IVE-ILE representaron el 94% de sus llamadas, muchas vinculadas con dificultades o barreras para acceder a la prestación.
En el plano legislativo y judicial, el informe registró estabilidad en la aplicación de la Ley 27.610 durante 2025 y parte de 2026. Se presentaron 75 proyectos relacionados con la temática y, según el relevamiento, ninguno de los que buscaban limitar la aplicación de la normativa en Buenos Aires y Santa Fe obtuvo dictamen ni llegó al recinto.
