La causa Vialidad volvió a quedar en el centro de la discusión judicial y política por una particular situación: mientras continúa pendiente la ejecución del decomiso impuesto a Cristina Fernández de Kirchner tras su condena, el Estado argentino podría afrontar el pago de casi US$10 millones en honorarios profesionales derivados de otro expediente relacionado con el mismo caso. La cifra corresponde a los abogados que intervinieron en un juicio civil iniciado por la Dirección Nacional de Vialidad.
El origen de la controversia está en una demanda civil que Vialidad Nacional había iniciado contra Cristina Kirchner y otros acusados para reclamar por los perjuicios económicos vinculados con las irregularidades investigadas. Sin embargo, el organismo estatal dejó de impulsar el expediente y la Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal declaró la caducidad de la instancia, dando por terminado el proceso. La decisión generó además una consecuencia económica: el Estado quedó obligado a afrontar las costas y los honorarios de los abogados que participaron del juicio.
Según la información publicada, los honorarios regulados para 12 abogados alcanzan unos $13.614 millones, equivalentes a aproximadamente US$10 millones. Entre los profesionales se encuentran los abogados de Cristina Kirchner, Luis Goldín y Fernando Muriel, quienes acudieron a la Corte Suprema para reclamar que se destrabe el cobro de sus honorarios y cuestionaron la decisión de la Cámara que había suspendido su regulación definitiva.
Ahora será la Corte Suprema de Justicia la que deberá definir si mantiene la decisión que puso fin al juicio civil o si hace lugar al planteo presentado por Vialidad para intentar revertirla. Mientras tanto, el trámite de los honorarios permanece suspendido. La discusión judicial adquiere una dimensión política adicional porque la inactividad que terminó provocando la caducidad se inició durante el gobierno de Alberto Fernández y terminó de concretarse entre marzo y abril de 2025, ya durante la administración de Javier Milei.
El contraste resulta especialmente significativo: la Justicia todavía debe avanzar con la ejecución patrimonial derivada de la condena penal de Vialidad, mientras otro expediente relacionado con el mismo entramado judicial puede terminar generando un importante desembolso para el Estado. Por ahora, los casi US$10 millones no constituyen un pago ya realizado, sino una obligación de honorarios cuya efectivización depende de lo que resuelva la Corte Suprema.
