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Escándalo $LIBRA: piden informes a la Presidencia y se detectaron mensajes borrados en la causa.

La investigación judicial por el caso $LIBRA, el escándalo político y financiero que involucra a la criptomoneda promocionada por Javier Milei, sumó nuevos avances este jueves.

El fiscal federal Eduardo Taiano solicitó formalmente información a la Presidencia de la Nación para esclarecer la posible existencia de un acuerdo entre el jefe de Estado y Hayden Davis, empresario vinculado al lanzamiento del criptoactivo.


El requerimiento fue dirigido a la Subsecretaría de Asuntos Presidenciales y apunta a verificar si en los registros oficiales figura un convenio confidencial “relativo a la implementación y desarrollo de soluciones tecnológicas e innovadoras” en el marco de la economía digital. Ante pedidos de acceso público, desde el Poder Ejecutivo habían afirmado no contar con constancia administrativa de tal acuerdo, una postura que ahora será revisada por la Justicia.

Además, las pericias informáticas incluidas en el expediente detectaron indicios de mensajes y archivos eliminados en dispositivos electrónicos de varios involucrados. Según especialistas forenses, se encontraron “registros de eliminación de contenido” en aplicaciones como WhatsApp e Instagram, con símbolos de “papelera” o “eliminado”, algunos de los cuales pudieron recuperarse parcialmente mediante métodos de extracción forense.


Entre los dispositivos analizados figura el del lobista Mauricio Novelli, con intercambios con Milei y otros actores relevantes del caso, aunque parte de los mensajes borrados no pudieron ser reconstruidos.

Esta situación plantea interrogantes sobre la comunicación entre los protagonistas en torno al lanzamiento y promoción de $LIBRA, que tras un breve auge en los mercados terminó desplomándose, generando controversia, críticas políticas y diversas líneas de investigación en Argentina y en el extranjero.


El avance de la causa incluye ahora el estudio de ese material recuperado, el pedido de informes a la Presidencia y la evaluación de la relevancia jurídica de los borrados, en un expediente que continúa bajo reserva judicial.

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