La estructura territorial y política del Reino Unido atraviesa uno de sus momentos de mayor tensión en las últimas décadas. Los gobiernos de Escocia, Gales e Irlanda del Norte avanzaron este lunes en una estrategia conjunta para reclamar el derecho a la autodeterminación y abrir el camino hacia futuros referendos sobre su independencia o reunificación.
El movimiento adquiere una dimensión inédita porque, por primera vez, las tres naciones están encabezadas por dirigentes vinculados a fuerzas políticas que cuestionan la continuidad del actual esquema de unión británica.
La iniciativa quedó formalizada en Cardiff, donde los líderes políticos de las tres naciones suscribieron una declaración conjunta en la que plantean que sus respectivos pueblos deben tener la posibilidad de decidir democráticamente su futuro constitucional.
El documento aborda cuestiones como la economía, la energía, la relación con Europa, la cooperación internacional y el derecho a la autodeterminación. Uno de sus puntos políticos más relevantes es la coincidencia en que el futuro de estas naciones debería estar estrechamente vinculado con la Unión Europea, después de las consecuencias que los sectores independentistas atribuyen al Brexit.
El escenario representa un desafío directo para Westminster, sede del poder político central británico.
El primer ministro escocés, John Swinney, sostuvo que por primera vez Escocia, Gales e Irlanda del Norte están gobernadas por dirigentes favorables a la independencia y consideró que esa situación constituye una señal de que el actual statu quo resulta cada vez más difícil de sostener. Desde su perspectiva, el Reino Unido debe comenzar a prepararse para un eventual cambio constitucional de grandes dimensiones.
Escocia es el territorio donde el reclamo independentista posee mayor recorrido institucional.
En 2014 se realizó un referéndum en el que el 55,3% de los votantes decidió permanecer dentro del Reino Unido, frente al 44,7% que respaldó la independencia. Sin embargo, el debate volvió a adquirir fuerza en los últimos años, especialmente después del Brexit y de los cambios políticos registrados tanto en Escocia como en el conjunto del Reino Unido.
El gobierno escocés impulsa actualmente la posibilidad de una nueva consulta, aunque la convocatoria no puede realizarse unilateralmente sin autorización del poder central.
El jefe del Gobierno escocés, John Swinney, incluso planteó la posibilidad de que un nuevo referéndum pueda celebrarse en torno a 2031. Su posición se apoya en el crecimiento de las fuerzas independentistas dentro del Parlamento escocés y en la idea de que los ciudadanos deben poder volver a pronunciarse sobre una cuestión que, según los nacionalistas, adquirió nuevas características después de la salida británica de la Unión Europea.
Gales también cambia su posición.
En Gales, el proceso presenta características diferentes. El nacionalismo galés obtuvo un fuerte impulso político y el ministro principal, Rhun ap Iorwerth, vinculado al Plaid Cymru, sostiene que el territorio debe avanzar hacia mayores niveles de autonomía.
Por ahora, la convocatoria de un referéndum independentista no aparece como una cuestión inmediata, pero el objetivo declarado es construir las condiciones políticas e institucionales que permitan a los galeses decidir su futuro constitucional más adelante.
La posición galesa demuestra que el movimiento no necesariamente implica que las tres naciones estén siguiendo exactamente el mismo calendario.
Mientras Escocia plantea con mayor claridad la posibilidad de una nueva consulta, Gales apunta a un proceso más prolongado. Sin embargo, existe una coincidencia fundamental: los tres gobiernos consideran que las decisiones sobre su futuro político deben contar con la participación directa de sus respectivas poblaciones.
Irlanda del Norte abre otra discusión: la reunificación de la isla.
El caso de Irlanda del Norte es todavía más complejo porque el debate no se centra únicamente en la independencia, sino en la posibilidad de abandonar el Reino Unido para integrarse con la República de Irlanda. El crecimiento del Sinn Féin y su posición política a favor de la reunificación colocaron nuevamente esta cuestión en el centro de la agenda.
El marco jurídico es diferente al escocés y al galés debido al Acuerdo de Viernes Santo de 1998, que puso fin a gran parte del conflicto político y armado conocido como The Troubles. El acuerdo contempla la posibilidad de convocar una consulta sobre la reunificación cuando existan elementos que permitan considerar que una mayoría podría respaldarla. Por lo tanto, Irlanda del Norte posee una vía institucional específica para discutir su futuro territorial.
La cuestión irlandesa recibió además un impulso internacional inesperado a partir de las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Durante su visita a Irlanda, Trump expresó su simpatía por una eventual reunificación y sostuvo que sería algo positivo, generando reacciones entre los sectores unionistas que defienden la permanencia de Irlanda del Norte dentro del Reino Unido.
Londres enfrenta un desafío político cada vez mayor.
El Gobierno británico deberá ahora administrar una situación particularmente delicada. El problema no consiste únicamente en responder a tres movimientos independentistas por separado, sino en afrontar una coordinación política que puede aumentar la presión sobre Westminster.
La aparición simultánea de gobiernos favorables a la autodeterminación en Escocia, Gales e Irlanda del Norte modifica el equilibrio político interno y obliga a discutir nuevamente hasta dónde puede llegar la descentralización dentro del Reino Unido.
El primer ministro británico, Andy Burnham, ha mantenido una posición que dejó abierta la posibilidad de nuevos referendos bajo determinadas condiciones, aunque también ha señalado límites a la convocatoria de consultas. En el caso escocés, el principal obstáculo continúa siendo la necesidad de contar con autorización del poder central para realizar legalmente una nueva consulta, mientras que en Irlanda del Norte existe el mecanismo previsto por el Acuerdo de Viernes Santo.
El escenario plantea así una pregunta de enorme relevancia para Europa: si las fuerzas independentistas consiguen consolidar su respaldo electoral y transformar sus demandas en mayorías sociales sostenidas, ¿hasta dónde estará dispuesto a ceder Londres? Una eventual separación de Escocia, una reunificación irlandesa y un avance hacia una mayor autonomía galesa no serían acontecimientos aislados, sino una profunda transformación de la arquitectura política británica.
Por ahora, no existe una fecha definitiva para que las tres naciones abandonen el Reino Unido, ni el acuerdo alcanzado implica una ruptura inmediata. Lo que sí cambia es el nivel de coordinación entre sus dirigentes y la presión política sobre el Gobierno central. La cuestión territorial, que durante décadas estuvo marcada por procesos separados, comienza a adquirir una dimensión común.
El Reino Unido enfrenta de esta manera una discusión constitucional que puede extenderse durante los próximos años. Escocia busca una nueva oportunidad para votar su independencia, Gales comienza a construir un camino propio e Irlanda del Norte vuelve a debatir la posibilidad de reunirse con la República de Irlanda. La gran incógnita será si Westminster consigue mantener la unión mediante una nueva fórmula de descentralización o si, finalmente, el mapa político de las islas británicas comienza a cambiar.
