La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) elevó un fuerte reclamo al Gobierno nacional por la situación que atraviesan las personas con discapacidad y las instituciones que brindan prestaciones al sector.
El planteo se realizó este lunes durante una reunión con funcionarios del Ministerio de Salud, en la que representantes de la Iglesia presentaron un documento con sus principales inquietudes y reclamaron que las respuestas oficiales se traduzcan en medidas concretas.
Uno de los principales puntos señalados fue el incumplimiento de aspectos de la Ley de Emergencia en Discapacidad. María Baya Casal, coordinadora del Área de Discapacidad de la CEA, sostuvo que existen obligaciones pendientes y que el propio Gobierno reconoció que la normativa vigente no se está aplicando en su totalidad.
Entre las cuestiones económicas mencionadas aparecen las compensaciones correspondientes a actualizaciones de los años 2023, 2024 y 2026, que permanecen pendientes.
Desde la Iglesia también reclamaron que se garantice la continuidad de las prestaciones y que las decisiones presupuestarias no terminen afectando los derechos de las personas con discapacidad y sus familias.
En particular, la Pastoral Social había advertido sobre disposiciones vinculadas al Presupuesto 2027 y pidió que el sector sea consultado antes de avanzar con modificaciones que puedan impactar sobre tratamientos, terapias, pensiones y sistemas de apoyo. La CEA planteó además la necesidad de ampliar la mesa de diálogo e incorporar a organizaciones, familias, profesionales y otros referentes del Estado.
Tras el encuentro, Baya Casal valoró la apertura del diálogo, aunque remarcó que ahora deberán llegar las respuestas. “Los gestos solos no alcanzan. Los gestos se traducen en realidades”, señaló. Las partes acordaron continuar las conversaciones en una próxima reunión, mientras la Iglesia mantiene su preocupación por el futuro de las prestaciones y por la situación de las personas con discapacidad en el marco del debate sobre la legislación y el Presupuesto 2027.
