Un procedimiento llevado adelante por efectivos de la Policía de Catamarca terminó con dos personas detenidas y el secuestro de cocaína, teléfonos celulares y elementos que podrían estar vinculados a una investigación por presuntas infracciones a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737.
El operativo se concretó en un inmueble ubicado en el barrio Santa Marta, en la ciudad Capital, luego de una serie de tareas investigativas desarrolladas bajo las directivas del Juzgado Federal.
El allanamiento estuvo a cargo de efectivos de la División Inteligencia e Investigaciones, dependiente de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia. Durante el procedimiento, los investigadores encontraron 120 envoltorios de plástico que contenían una sustancia en polvo de color blanco.
La prueba de campo realizada en el lugar determinó que se trataría de cocaína, con un peso total de aproximadamente 28 gramos. Además, fueron secuestrados cuatro comprimidos de Midazolam de 15 miligramos, una balanza digital tipo gramera y tres teléfonos celulares, elementos que quedaron incorporados a la causa para ser analizados por la Justicia.
El procedimiento no estuvo exento de tensión. De acuerdo con la información policial, mientras los efectivos realizaban el allanamiento, un grupo de personas habría comenzado a arrojar piedras contra el personal interviniente.
Ante esta situación participaron como apoyo numerarios del Grupo de Intervención Rápida GIR-Sur, la División Guardia de Infantería y la Seccional Novena, con el objetivo de garantizar el desarrollo de la medida judicial y evitar que la situación escalara.
Una vez finalizado el allanamiento, los investigadores procedieron a la detención de dos hombres, de 28 y 46 años, quienes quedaron a disposición de la Justicia Federal. El secuestro de los envoltorios, la sustancia estupefaciente, la balanza y los dispositivos telefónicos permitirá avanzar en la investigación y determinar el posible vínculo de los elementos encontrados con una actividad de comercialización de drogas a pequeña escala.
Ahora será la Justicia interviniente la que deberá definir la situación procesal de los detenidos y establecer, a partir de las pruebas reunidas, el alcance de las responsabilidades que pudieran corresponder.
