El Gobierno nacional avanzó con la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), luego de que un consorcio empresario presentara una oferta de US$340,2 millones por el 90% de las acciones que pertenecen al Estado. La operación forma parte de la estrategia económica de la administración de Javier Milei para conseguir divisas y afrontar los vencimientos de deuda previstos para 2026 y 2027.
La propuesta más alta fue presentada por un consorcio integrado por Rowing, Arcos Saneamento e Participações, Transclor y PHX Aqua AR B.V. La oferta superó los US$285 millones del grupo encabezado por Roggio y quedó primera en la licitación. Sin embargo, el monto se ubicó por debajo de las expectativas iniciales del Ministerio de Economía, que esperaba recaudar entre US$450 millones y US$500 millones.
Cómo seguirá el proceso de privatización.
La operación contempla la transferencia del 90% del paquete accionario de AySA y una concesión por 30 años. El 10% restante continuará en manos de los trabajadores, a través del Programa de Propiedad Participada.
Tras la apertura de las ofertas económicas, la comisión evaluadora deberá emitir su dictamen. Luego, el procedimiento será revisado por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Procuración del Tesoro antes de avanzar con la adjudicación definitiva y la firma del contrato.
De acuerdo con las estimaciones, estas instancias podrían demandar alrededor de un mes. El ingreso de los US$340,2 millones se concretaría con la firma del contrato.
Además del pago por las acciones, el futuro operador deberá ejecutar un plan de inversiones de $2,89 billones durante el período 2027-2031. Los fondos estarán destinados a obras, mantenimiento, mejoras operativas y ampliación de los servicios de agua potable y cloacas.
Los vencimientos de deuda que enfrenta la Argentina.
La venta de AySA se incorpora al esquema financiero diseñado por el Ministerio de Economía para reunir los dólares necesarios para cumplir con las obligaciones del Estado.
Según datos de la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia durante los últimos meses de 2026 quedan vencimientos de deuda en moneda extranjera por casi US$2.500 millones. De ese total, unos US$550 millones corresponden a octubre, US$1.300 millones a noviembre y otros US$600 millones a diciembre.
Dentro de esos compromisos se encuentran pagos al Fondo Monetario Internacional (FMI), estimados en US$800 millones para noviembre y US$300 millones para diciembre.
El panorama para 2027 también presenta importantes exigencias financieras. Las estimaciones mencionadas en el informe calculan vencimientos de deuda soberana por unos US$26.000 millones. Entre los compromisos más relevantes figuran pagos de aproximadamente US$4.300 millones en enero y US$5.400 millones en julio, vinculados a bonos Bonares y Globales.
Las privatizaciones dentro del programa financiero.
En julio, el Gobierno presentó su programa financiero para lo que restaba de 2026 y todo 2027. El esquema contemplaba necesidades de financiamiento por US$19.200 millones y fuentes identificadas por unos US$22.900 millones.
Entre las alternativas previstas aparecen la refinanciación de deuda dentro del sector público, la compra de divisas al Banco Central, la emisión de bonos bajo legislación local, los préstamos privados con garantías de organismos internacionales y los desembolsos del FMI y otras entidades multilaterales.
El plan también incluía ingresos por privatizaciones. Para 2026 se habían previsto alrededor de US$800 millones por esa vía, por lo que los recursos provenientes de AySA contribuirían a cubrir las obligaciones financieras de este año.
Para 2027, el programa oficial proyectaba necesidades de financiamiento por US$24.900 millones, con fuentes de recursos por un monto equivalente. Dentro de ese cálculo se contemplaban US$1.500 millones provenientes de privatizaciones, además de fondos de organismos internacionales, emisiones de deuda local, refinanciaciones y compras de divisas.
Una operación que no cubre por sí sola las obligaciones.
Aunque la privatización de AySA permitirá sumar dólares a las cuentas previstas por el Gobierno, los recursos de la operación no alcanzan para cubrir por sí solos los vencimientos de deuda que enfrenta el país.
El desafío también consiste en asegurar otras fuentes de financiamiento en un contexto en el que, según el informe de TN, el Ejecutivo no contempla actualmente regresar al mercado internacional de deuda.
De esta manera, la venta de la empresa de agua y saneamiento se suma a las medidas con las que el Gobierno busca reforzar su programa financiero y cumplir con los compromisos de los próximos meses. El resultado final dependerá de la concreción de la operación y de la capacidad de reunir el resto de los fondos previstos.
