Durante años, diversos organismos internacionales documentaron graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela bajo el gobierno de Nicolás Maduro, señalando patrones sistemáticos de represión que incluyen ejecuciones extrajudiciales, secuestros, torturas y violencia sexual.
Investigaciones realizadas por la Corte Penal Internacional (CPI) señalaron que desde al menos 2014 se habrían cometido crímenes de lesa humanidad contra opositores políticos, manifestantes y civiles críticos del régimen.
Los informes detallan que fuerzas de seguridad del Estado y grupos armados vinculados al gobierno ejecutaron detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, palizas, asfixia, descargas eléctricas y otros métodos de tortura tanto física como psicológica.
Además, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y misiones independientes de la ONU documentaron casos de violencia sexual, incluidas violaciones cometidas durante detenciones, como parte de estrategias de intimidación y control social.
Los informes señalan que estas prácticas se dieron en centros de detención oficiales y clandestinos, donde las víctimas permanecieron incomunicadas, sin acceso a defensa legal y bajo condiciones degradantes, lo que refleja un patrón de represión sistemática y sostenida.
Estas investigaciones y denuncias constituyeron parte de los antecedentes utilizados por la justicia internacional para avanzar en procesos contra altos responsables venezolanos, en un intento por garantizar justicia para las víctimas y rendición de cuentas por los crímenes cometidos durante años de crisis política y social en el país.
