El Gobierno nacional anunció nuevas medidas diplomáticas y judiciales vinculadas con la cuestión Malvinas, luego de denunciar operaciones aéreas realizadas desde las islas hacia Punta Arenas, Chile.
Según informó la Casa Rosada, una empresa británica habría efectuado vuelos utilizando una aeronave con matrícula del Reino Unido y sin autorización de las autoridades argentinas. El Ejecutivo calificó esas operaciones como ilegales y anticipó que reclamará la aplicación de sanciones.
En paralelo, el presidente Javier Milei instruyó a la Cancillería y a los equipos jurídicos del Estado para activar el mecanismo de arbitraje previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
La medida busca cuestionar las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos desarrolladas por el Reino Unido en las áreas que Argentina considera parte de su plataforma continental y que se encuentran vinculadas con la disputa de soberanía.
Uno de los principales puntos del reclamo es el proyecto petrolero Sea Lion, localizado en la Cuenca Malvinas Norte. El Gobierno argentino también cuestiona la eventual autorización de nuevos permisos de exploración y explotación de recursos naturales en la zona. Según la Casa Rosada, el Reino Unido tendrá un plazo de dos semanas para responder al requerimiento argentino.
En caso de que Londres no suspenda las actividades cuestionadas, Argentina anticipó que recurrirá al Tribunal Internacional del Derecho del Mar para solicitar medidas provisionales destinadas a preservar los derechos que sostiene sobre la plataforma continental.
La disputa volvió a quedar expuesta tras el discurso de Milei ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. El Gobierno argentino recordó las resoluciones 2065 (XX) y 31/49 de la ONU, relacionadas con la controversia de soberanía y las actividades unilaterales en los territorios en disputa.
Además, rechazó la posición expresada por el Reino Unido y sostuvo que la denominación de las islas como “Territorio Británico de Ultramar” no modifica la postura argentina respecto de la cuestión de soberanía.
