El Gobierno nacional enfrenta diferencias internas sobre cómo avanzar con la reforma electoral, uno de los proyectos prioritarios del presidente Javier Milei. Mientras un sector del oficialismo busca acelerar el tratamiento en el Congreso durante agosto, otro considera que la iniciativa aún no reúne el consenso político necesario y apuesta a fortalecer primero las negociaciones con los gobernadores.
La principal discusión dentro de la Casa Rosada gira en torno al momento adecuado para cerrar acuerdos con los mandatarios provinciales. Algunos funcionarios sostienen que el proyecto debe ingresar cuanto antes al Congreso para aprovechar el impulso político tras el Mundial, mientras que otros advierten que la reforma todavía está «muy verde» y que avanzar sin los apoyos suficientes podría derivar en un nuevo revés legislativo.
Entre los puntos centrales de la reforma se encuentran cambios en el sistema electoral, con especial foco en la eliminación o modificación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), una medida que genera posiciones encontradas entre el oficialismo y varios gobernadores, incluso entre aquellos que mantienen una relación de diálogo con la administración nacional.
En paralelo, el Ejecutivo continúa manteniendo contactos con distintos gobernadores para intentar construir una mayoría que permita aprobar las iniciativas legislativas consideradas estratégicas para la gestión. La intención es evitar que las diferencias políticas frenen nuevamente proyectos que el Gobierno considera fundamentales para avanzar con su programa de reformas.
Con el Mundial ya finalizado y la actividad política retomando protagonismo, la reforma electoral aparece como uno de los principales desafíos del oficialismo en el segundo semestre. El resultado de las negociaciones con las provincias será determinante para definir si el Gobierno logra convertir el proyecto en ley o si deberá introducir cambios para alcanzar los consensos necesarios en el Congreso.
