El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, decidió recurrir a la Justicia para defender la posición de la provincia frente al nuevo escenario generado por la derogación de la Ley de Tierras Rurales. La decisión fue formalizada mediante el Decreto N.º 1.935, firmado el 2 de octubre, a través del cual instruyó al Fiscal de Estado a iniciar las acciones y defensas que considere necesarias para resguardar los derechos e intereses de Misiones.
La medida se produjo luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revocara una sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual se derogó la Ley 26.737, conocida como Ley de Tierras.
El máximo tribunal fundamentó su decisión en cuestiones procesales vinculadas con la falta de legitimación de la entidad que había iniciado la demanda y la inexistencia de un caso judicial que pudiera ser tratado en ese expediente.
La Corte aclaró expresamente que su resolución no implicó pronunciarse sobre la constitucionalidad del artículo 154.
Frente a este escenario, Passalacqua sostuvo que la decisión judicial coloca a Misiones, según su interpretación, en una situación de vulnerabilidad institucional.
En el decreto, el mandatario provincial cuestionó los efectos que tiene para el territorio misionero la vigencia del artículo del DNU que derogó el régimen nacional de protección de las tierras rurales. También planteó objeciones respecto del impacto que, a su entender, la medida nacional puede generar sobre la autonomía provincial, las finanzas públicas y la estructura económica y social de Misiones.
La preocupación del Gobierno misionero está vinculada especialmente con las características geográficas y productivas de la provincia.
Misiones posee una extensa frontera internacional con Brasil y Paraguay y cuenta con una importante superficie de bosques y áreas de biodiversidad. En ese contexto, Passalacqua afirmó que la provincia debe preservar el control sobre su territorio y sostuvo que la defensa de las tierras constituye una obligación vinculada con los intereses y recursos naturales misioneros.
La Ley 26.737, sancionada en 2011, establecía un régimen de protección sobre la propiedad, posesión y tenencia de tierras rurales y fijaba restricciones para la adquisición de esos terrenos por parte de personas y empresas extranjeras. Su derogación fue dispuesta mediante el artículo 154 del DNU 70/2023.
Tras el reciente pronunciamiento de la Corte, el Gobierno de Misiones busca ahora llevar su reclamo a los tribunales por una vía propia, con la Fiscalía de Estado como representante judicial de la provincia.
De esta manera, la discusión sobre el régimen de tierras rurales vuelve a quedar en el ámbito judicial. Mientras el Gobierno nacional sostiene el esquema establecido por el DNU 70/2023, Misiones prepara una estrategia legal para defender sus intereses territoriales y cuestionar los efectos que la derogación de la normativa nacional pueda producir en la provincia. El alcance de las nuevas acciones y las decisiones que adopten los tribunales serán determinantes para definir cómo continuará el conflicto.
