Un nuevo cuestionamiento sobre el manejo de los fondos públicos vinculados a Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) llegó al Congreso nacional. El diputado Martín Aveiro presentó un proyecto de resolución para solicitar explicaciones al Poder Ejecutivo por la falta de registración de inversiones por $42.935 millones relacionadas con un crédito del Banco Mundial destinado al desarrollo del Sistema Riachuelo.
El pedido se conoció luego de que la Auditoría General de la Nación (AGN) detectara inconsistencias en los estados financieros del proyecto y emitiera una opinión adversa sobre la información contable correspondiente al cierre de 2025. Según el informe citado en la presentación legislativa, la omisión habría provocado una subvaluación del 66,57% de las inversiones del programa.
La iniciativa busca que el Gobierno explique por qué esos fondos no fueron incorporados correctamente en los registros financieros, qué áreas estuvieron involucradas y cuáles fueron las consecuencias de las irregularidades observadas.
El planteo apunta especialmente a la Jefatura de Gabinete, el Ministerio de Economía y la Secretaría de Obras Públicas, organismos a los que se solicita información sobre la administración y contabilización de los recursos.
Qué detectó la Auditoría General de la Nación.
El cuestionamiento se relaciona con el préstamo BIRF 9252, otorgado por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, organismo que forma parte del Grupo Banco Mundial. El financiamiento está destinado al proyecto conocido como Sistema Riachuelo, una obra de infraestructura sanitaria vinculada al tratamiento y transporte de efluentes de la cuenca Matanza-Riachuelo.
De acuerdo con la investigación periodística que motivó el pedido de informes, la AGN identificó inversiones por $42.935 millones que no habían sido registradas correctamente al cierre del ejercicio 2025. La auditoría advirtió que esta situación afectaba la presentación de los estados financieros del proyecto y generaba una diferencia significativa entre las inversiones ejecutadas y las reflejadas en la contabilidad.
Uno de los puntos centrales del informe es que la Tesorería General de la Nación había adelantado recursos para que AySA pudiera afrontar pagos relacionados con las obras y otras erogaciones. Esos fondos debían ser restituidos posteriormente con recursos provenientes del préstamo internacional.
Sin embargo, al finalizar 2025, el reintegro continuaba pendiente y las inversiones no habían sido incorporadas de manera adecuada en los estados financieros. Según el informe citado, el saldo que debía restituirse superaba los recursos disponibles en las cuentas del préstamo para realizar esa devolución.
La AGN consideró que los estados financieros no presentaban razonablemente la situación del proyecto a la fecha de cierre auditada. La opinión adversa representa una observación formal sobre la confiabilidad de la información contable y no constituye, por sí misma, una determinación judicial de responsabilidades penales.
Qué quiere saber el Congreso.
El proyecto presentado por Aveiro pretende establecer cómo se produjo la falta de registración y qué consecuencias tuvo para la situación patrimonial de AySA y para las cuentas del Estado nacional.
Entre los principales puntos del requerimiento figuran las razones por las que las inversiones no fueron registradas, las partidas contables involucradas y las posibles fallas de coordinación entre los sistemas financieros y documentales utilizados por los organismos responsables.
También se solicita conocer si la omisión pudo provocar una subvaluación de los activos de la empresa y alterar la información incluida en la Cuenta de Inversión del Estado nacional.
Otro aspecto relevante es el eventual impacto sobre el financiamiento internacional.
El legislador pidió que se informe si las inconsistencias detectadas podrían representar un incumplimiento de las condiciones acordadas con el Banco Mundial, generar penalidades o provocar demoras en los desembolsos.
Además, el proyecto reclama precisiones sobre la apertura de investigaciones administrativas para determinar qué funcionarios y áreas tuvieron responsabilidad en la gestión y registración de los recursos.
Aveiro sostuvo que, si las explicaciones oficiales permitieran establecer que la omisión no fue un simple desfasaje administrativo, sino que respondió a una maniobra deliberada, correspondería poner las actuaciones a disposición de la Justicia. Por el momento, esa posibilidad forma parte de los planteos incluidos en el pedido de informes y no implica que exista una condena o una responsabilidad penal comprobada.
La controversia se produce en medio de la privatización de AySA.
El caso adquiere especial relevancia porque se conoce mientras el Gobierno nacional avanza con el proceso de privatización de AySA, la empresa responsable de los servicios de agua potable y saneamiento en el área metropolitana de Buenos Aires.
Las inconsistencias contables plantean interrogantes sobre la situación financiera de la compañía y la información disponible para evaluar sus activos.
En un proceso de transferencia al sector privado, la precisión de los balances y la identificación de las obligaciones pendientes son elementos importantes para determinar el valor de la empresa y las condiciones de la operación.
La investigación periodística que dio origen al planteo señaló que la falta de registración podría afectar la interpretación de las inversiones realizadas en el Sistema Riachuelo.
No obstante, para establecer el impacto concreto sobre la valuación de AySA será necesario conocer las explicaciones oficiales y determinar cómo deben contabilizarse los recursos involucrados.
El Gobierno, por su parte, deberá responder los interrogantes planteados si el proyecto avanza por los canales legislativos correspondientes. Hasta que se conozcan esas explicaciones, no puede afirmarse que la omisión haya sido deliberada ni que se haya producido un delito.
Un pedido de explicaciones sobre el uso de fondos públicos.
El planteo legislativo busca esclarecer qué ocurrió con los $42.935 millones vinculados al financiamiento internacional y por qué las inversiones no quedaron reflejadas correctamente en los estados financieros del proyecto.
La respuesta del Poder Ejecutivo será clave para establecer si las diferencias responden a problemas administrativos y contables, a incumplimientos en los procedimientos de registración o a situaciones que requieran investigaciones adicionales.
Mientras tanto, las observaciones de la AGN abren un nuevo frente de discusión sobre la transparencia en la administración de los recursos públicos, el control de los préstamos internacionales y la situación financiera de AySA en la etapa previa a su privatización.
