La Cámara Federal de Casación Penal rechazó por unanimidad los recursos presentados por Máximo y Florencia Kirchner para suspender el decomiso de propiedades vinculadas a la causa Vialidad, en la que fue condenada su madre, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
La decisión permite que continúe el trámite de ejecución patrimonial, aunque el inicio de las eventuales subastas todavía depende de lo que resuelva la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El fallo fue dictado por la Sala IV del tribunal, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, quienes declararon inadmisibles las presentaciones de los hijos de la exmandataria.
Los magistrados consideraron que la resolución cuestionada no constituía una sentencia definitiva ni impedía que el proceso judicial siguiera adelante.
La decisión representa un nuevo capítulo en la disputa judicial por los bienes alcanzados por el decomiso dispuesto en el expediente que investigó irregularidades en la adjudicación de obras públicas viales en Santa Cruz.
El reclamo de los hijos de Cristina Kirchner.
Máximo y Florencia Kirchner habían solicitado que se suspendiera la ejecución de los bienes que figuran a su nombre hasta que la Corte Suprema resolviera los planteos pendientes relacionados con el decomiso.
La defensa cuestionó que las medidas patrimoniales alcanzaran propiedades de personas que no fueron condenadas en la causa Vialidad. Entre sus argumentos, sostuvo que varios de los inmuebles fueron recibidos mediante herencias o cesiones familiares y que, por lo tanto, correspondía analizar su situación particular antes de avanzar con la ejecución.
Los abogados también plantearon objeciones vinculadas con el derecho de propiedad, las garantías del debido proceso y la posibilidad de que una futura decisión favorable de la Corte Suprema quedara sin efecto práctico si el procedimiento avanzaba.
Sin embargo, Casación entendió que no estaban dadas las condiciones procesales para admitir los recursos. Según los jueces, las cuestiones planteadas no habían sido resueltas definitivamente y podían volver a discutirse en la instancia correspondiente.
De esta manera, el tribunal rechazó el pedido de suspensión y dejó abierta la posibilidad de que continúen las actuaciones destinadas a ejecutar el decomiso.
Qué bienes están alcanzados por la medida.
Entre los activos incluidos en el expediente figuran terrenos, departamentos, casas y establecimientos hoteleros ubicados principalmente en El Calafate y Río Gallegos, en la provincia de Santa Cruz.
Uno de los bienes más conocidos es el complejo hotelero Los Sauces Casa Patagónica, vinculado a la sociedad Los Sauces S.A. También aparecen inmuebles y terrenos que fueron incorporados al patrimonio familiar durante los años en que Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner ocuparon cargos públicos.
La lista comprende propiedades que, de acuerdo con las actuaciones judiciales, quedaron a nombre de Máximo y Florencia Kirchner tras distintas operaciones patrimoniales, incluidas cesiones familiares.
La defensa cuestiona que esos activos puedan utilizarse para responder por una condena impuesta a otras personas.
Además de los bienes vinculados a la familia Kirchner, el decomiso alcanza inmuebles y activos relacionados con el empresario Lázaro Báez y sociedades vinculadas a su actividad comercial, entre ellas Austral Construcciones, Kank y Costilla y Gotti Hermanos.
La ejecución de esos bienes busca reunir recursos para cubrir el monto que la Justicia determinó como perjuicio económico ocasionado al Estado nacional.
El monto que deben devolver los condenados
La suma actualizada fijada en la causa asciende a $684.990.350.139,86, es decir, casi $685.000 millones. El monto corresponde al decomiso ordenado para recuperar el dinero que, según la sentencia judicial, se perdió como consecuencia de las maniobras investigadas.
La condena original se relacionó con irregularidades en 51 licitaciones de obras viales en Santa Cruz. En diciembre de 2022, el Tribunal Oral Federal N.º 2 condenó a Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
La sentencia fue confirmada posteriormente por la Cámara Federal de Casación Penal y, en junio de 2025, la Corte Suprema rechazó los recursos de las defensas y dejó firme la condena.
En el proceso de ejecución patrimonial, el monto inicial del decomiso fue actualizado mediante un cálculo basado en la evolución del índice de precios al consumidor. La cifra resultante fue confirmada por la Corte Suprema en julio de 2026.
Los condenados deben responder por el perjuicio establecido judicialmente, mientras que la identificación, tasación y eventual realización de los bienes requiere avanzar con las actuaciones correspondientes.
La subasta todavía depende de la Corte Suprema.
Aunque Casación rechazó el intento de Máximo y Florencia Kirchner de frenar el procedimiento, la resolución no significa que todas las propiedades vayan a ser subastadas de manera inmediata.
La Corte Suprema todavía debe resolver planteos vinculados específicamente con la ejecución patrimonial. Además, antes de concretar eventuales remates, deben completarse las tasaciones y los trámites necesarios para determinar el destino de los inmuebles.
Por lo tanto, la decisión de este jueves permite que continúe el proceso judicial, pero no equivale al inicio automático de las subastas.
El expediente también mantiene abierta la discusión sobre los bienes pertenecientes a las sociedades Hotesur S.A. y Los Sauces S.A., cuyos representantes cuestionaron las medidas que afectan a inmuebles de titularidad empresarial.
Un nuevo capítulo en una causa de alto impacto político y judicial.
La causa Vialidad continúa generando consecuencias judiciales y patrimoniales para Cristina Kirchner, los demás condenados y las personas o sociedades cuyos bienes quedaron alcanzados por las medidas de decomiso.
El nuevo fallo de Casación confirma que los planteos de Máximo y Florencia Kirchner no lograron detener el avance del trámite. Sin embargo, la discusión sobre la situación jurídica de determinadas propiedades y la posibilidad de concretar su remate todavía debe atravesar las instancias pendientes.
El objetivo de la ejecución patrimonial es recuperar para el Estado el monto establecido en la sentencia. La resolución definitiva sobre los bienes involucrados dependerá de las decisiones que adopten los tribunales competentes durante las próximas etapas del procedimiento.
