La primera jornada de audiencias públicas convocadas para debatir la reforma de la Ley de Glaciares 26.639 dejó un claro posicionamiento mayoritario en contra de los cambios propuestos.
El proceso, que continuará el jueves 26 de marzo, se desarrolla en medio de presentaciones judiciales que buscan ampliar la participación ciudadana y garantizar mayor transparencia en el tratamiento de una norma considerada clave en materia ambiental.
Durante esta instancia inicial, expusieron 95 de los 196 oradores habilitados para la jornada, en un universo que superó los 120.000 inscriptos.
De ese total, 84 participantes es decir, el 88,42% manifestaron su rechazo a la iniciativa de reforma, marcando una tendencia contundente en el desarrollo del debate público.
Las intervenciones provinieron de distintos sectores, entre ellos especialistas en ambiente, organizaciones sociales, representantes de comunidades, académicos y ciudadanos particulares.
En su mayoría, coincidieron en advertir que una modificación de la normativa vigente podría implicar un retroceso en la protección de los glaciares y del ambiente periglaciar, áreas consideradas estratégicas por su rol en la preservación de reservas de agua dulce.
El debate se da en un contexto de fuerte sensibilidad social en torno a la actividad minera y su impacto ambiental, especialmente en provincias cordilleranas. La Ley de Glaciares 26.639, sancionada en 2010, establece presupuestos mínimos para la protección de estos ecosistemas y limita el desarrollo de actividades que puedan afectarlos, lo que la convierte en una herramienta central dentro de la política ambiental del país.
Además del rechazo mayoritario expresado en esta primera jornada, el proceso de audiencias quedó atravesado por cuestionamientos judiciales que buscan garantizar una mayor apertura del mecanismo de participación, ante la elevada cantidad de inscriptos que no lograron exponer. Este punto podría incidir en el desarrollo de la segunda jornada, prevista para el cierre del proceso.
El resultado preliminar de las exposiciones refuerza la complejidad política y social que rodea cualquier intento de modificación de la ley, y anticipa un escenario de debate intenso en torno al equilibrio entre desarrollo productivo y protección ambiental.
