El artículo 30 de la Ley de Presupuesto 2026 se convirtió en uno de los puntos más controvertidos del debate parlamentario, especialmente por su impacto directo sobre el financiamiento educativo.
La norma establece la derogación de artículos clave de leyes vigentes que fijaban pisos mínimos obligatorios de inversión en educación, entre ellos el artículo 9 de la Ley de Educación Nacional, que garantizaba que el gasto educativo no fuera inferior al 6% del Producto Bruto Interno.
Con esta modificación, el Estado nacional deja de estar legalmente obligado a sostener ese nivel de inversión a partir del ejercicio fiscal 2026.Además, el artículo 30 elimina el financiamiento mínimo asegurado para la educación técnico-profesional, al derogar el artículo 52 de la ley que regula ese sistema, el cual establecía que el fondo destinado a ese sector no podía ser menor al 0,2% de los ingresos corrientes del presupuesto nacional.
Desde el Gobierno nacional, encabezado por el presidente Javier Milei, la medida se fundamenta en la necesidad de reducir el gasto público, eliminar rigideces presupuestarias y avanzar hacia un esquema de administración más flexible, donde las partidas se definan año a año según las prioridades fiscales y el equilibrio de las cuentas públicas.
Sin embargo, sectores de la oposición, sindicatos docentes, universidades y gobiernos provinciales advierten que la eliminación de estos pisos mínimos pone en riesgo la previsibilidad del financiamiento educativo, especialmente en áreas sensibles como la educación técnica, la infraestructura escolar y la formación docente.
El debate en torno al artículo 30 expuso uno de los ejes centrales del Presupuesto 2026: el cambio de paradigma en el rol del Estado, que deja atrás compromisos de inversión garantizados por ley para dar lugar a una asignación de recursos sujeta a las decisiones del Ejecutivo y al contexto económico de cada año.
