El Tribunal Oral Federal N.º 5 condenó este lunes a José López, Abel Fatala y a los hermanos Sergio y Pablo Schoklender en el marco de la causa conocida como “Sueños Compartidos”, que investigó el presunto desvío de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales.
En la misma sentencia, los jueces absolvieron al exministro de Planificación Federal Julio De Vido, uno de los principales funcionarios involucrados en el expediente.
El tribunal estuvo integrado por Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Adrián Grünberg. El fallo se conoció después de un proceso oral que se extendió durante aproximadamente seis meses y que puso nuevamente bajo la lupa el destino de los recursos girados por el Estado nacional a la Fundación Madres de Plaza de Mayo para ejecutar el programa habitacional. La causa había comenzado en 2011 y llegó a juicio oral recién en marzo de 2026, quince años después de iniciada la investigación.
La resolución judicial se produjo en un escenario marcado por la discusión sobre la prescripción de la acción penal. La Fiscalía había sostenido que el plazo de seis años para el delito investigado vencía el martes 15 de septiembre, debido a que consideraba como último acto procesal válido una actuación judicial realizada en 2020. Las defensas, en cambio, argumentaron que la causa ya se encontraba prescripta y reclamaron la absolución de todos los acusados.
La controversia sobre el paso del tiempo atravesó prácticamente todo el debate. El expediente se inició por las sospechas de que una parte de los fondos destinados a levantar viviendas sociales habría sido desviada hacia empresas vinculadas con los hermanos Schoklender, quienes se desempeñaban como apoderados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo.
Según la investigación, entre 2008 y 2011 se giraron cerca de 900 millones de pesos para el desarrollo del programa Sueños Compartidos.
La acusación se concentró en el supuesto desvío de aproximadamente 206 millones de pesos.
Durante el juicio, el fiscal federal Diego Velasco y la Unidad de Información Financiera sostuvieron que existió una maniobra de administración fraudulenta agravada contra el Estado y solicitaron penas de seis años de prisión para Sergio y Pablo Schoklender, Julio De Vido, José López y Abel Fatala. Para otros exfuncionarios involucrados, Daniel Alfredo Nasif, Silvia Karina Nasif, Claudio Freidin y Carlos Castellano, se habían pedido penas de cuatro años.
Además de las penas de prisión, los acusadores reclamaron el decomiso de bienes por 206 millones de pesos, con actualización por inflación una vez que la sentencia quedara firme. El pedido contemplaba que esos recursos fueran destinados nuevamente a programas de viviendas sociales.
La pretensión de la Fiscalía buscaba no solo establecer responsabilidades penales, sino también recuperar el dinero que, según la hipótesis acusatoria, habría sido apartado de su finalidad original.
La absolución de Julio De Vido constituye uno de los aspectos centrales del fallo. El exministro había sido señalado por su rol al frente del Ministerio de Planificación Federal, organismo desde el cual se canalizaron convenios y recursos para el programa. Sin embargo, el tribunal consideró que no correspondía condenarlo en esta causa. La decisión deberá ser analizada a la luz de los fundamentos completos de la sentencia y de las eventuales apelaciones que puedan presentar las partes.
En el caso de José López, la condena se suma a un extenso historial judicial vinculado con hechos de corrupción y administración de fondos públicos. El exsecretario de Obras Públicas fue uno de los funcionarios que tuvo bajo su órbita áreas relacionadas con la ejecución de obras y el manejo de recursos destinados a infraestructura y vivienda. Su participación en Sueños Compartidos fue examinada en relación con el destino de los fondos y los mecanismos administrativos utilizados para concretar las contrataciones.
Los hermanos Schoklender, por su parte, ocuparon un lugar central en el expediente debido a su función como apoderados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. La investigación procuró determinar si utilizaron la estructura de la organización para canalizar fondos públicos hacia empresas y operaciones que no se correspondían con la construcción de viviendas sociales. La sentencia conocida este lunes puso fin al debate oral, aunque el proceso todavía podría continuar en instancias de revisión.
El caso Sueños Compartidos se convirtió, con el paso de los años, en uno de los expedientes más emblemáticos sobre el uso de fondos estatales destinados a políticas habitacionales. Más allá de las responsabilidades individuales que estableció el tribunal, el proceso también expuso las dificultades de la Justicia para resolver investigaciones complejas dentro de plazos razonables. La demora de quince años entre el inicio de la causa y el juicio oral fue uno de los elementos que condicionaron el desenlace judicial.
La sentencia no necesariamente representa el cierre definitivo del expediente. Las partes podrán recurrir las decisiones ante las instancias superiores, tanto respecto de las condenas como de la absolución de De Vido y de los planteos vinculados con la prescripción. Por ese motivo, el alcance final del fallo dependerá de sus fundamentos y de las resoluciones que adopten eventualmente la Cámara Federal de Casación Penal y, si correspondiera, la Corte Suprema de Justicia.
