Alejandro Vilches presentó este lunes su renuncia como secretario nacional de Discapacidad, en medio de una etapa de fuerte tensión alrededor del funcionamiento del área, las investigaciones vinculadas con la ex Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y la discusión por el financiamiento previsto en el proyecto de Presupuesto 2027.
El funcionario comunicó su decisión mediante una carta dirigida al ministro de Salud, Mario Lugones, y señaló que se debía a “razones estrictamente personales”. Hasta el momento, el Gobierno no informó quién será su reemplazante.
La salida se produce además después del escándalo que derivó en una revisión de la gestión de la ex ANDIS. Una auditoría iniciada por el propio organismo durante la etapa de Vilches había sido presentada como una herramienta para relevar los procesos administrativos y determinar la situación de la Agencia.
En las últimas semanas trascendió que el relevamiento detectó una diferencia contable de $158.717 millones entre registros de distintas áreas vinculadas con las deudas exigibles. Ese dato es parte de las actuaciones administrativas y de las investigaciones en curso, por lo que no implica por sí mismo la existencia de una responsabilidad penal de Vilches.
Vilches había llegado al área después de desempeñarse como interventor de la ANDIS y asumió formalmente como secretario nacional de Discapacidad en enero de 2026, luego de la reorganización del organismo dentro del Ministerio de Salud.
A comienzos de septiembre también había concurrido a la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados para explicar las medidas adoptadas y la situación de las prestaciones. En paralelo, legisladores habían planteado cuestionamientos sobre la ejecución presupuestaria y los atrasos en los pagos a prestadores. Un pedido de informes presentado en Diputados mencionó, entre otros datos, una subejecución de recursos y demoras que en algunos casos llegaban a seis meses.
La renuncia también coincide con la presentación del proyecto de Presupuesto 2027. El texto ingresó al Congreso el 15 de septiembre y abrió una discusión sobre el esquema de financiamiento de las políticas de discapacidad y la continuidad de distintos mecanismos establecidos por la legislación vigente.
La controversia llevó al oficialismo a revisar algunos de los cambios inicialmente planteados y a plantear la elaboración de una alternativa junto con sectores aliados en el Congreso.
En particular, el debate se desarrolla mientras el Congreso analiza la prórroga de la Emergencia Nacional en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027. La Cámara de Diputados había aprobado el 9 de septiembre el emplazamiento de las comisiones de Discapacidad y Presupuesto y Hacienda para avanzar con el tratamiento del proyecto.
Paralelamente, la Secretaría Nacional de Discapacidad había dispuesto días atrás una actualización del 1,70% de los aranceles de las prestaciones básicas correspondientes a septiembre, manteniendo además un adicional del 20% para las prestaciones realizadas en la zona patagónica.
Así, la salida de Vilches deja al área nuevamente a la espera de una conducción definida, mientras continúan las investigaciones sobre la gestión de la ex ANDIS y, en el Congreso, el debate sobre los recursos y el futuro del sistema de prestaciones para personas con discapacidad. Aunque el exfuncionario atribuyó formalmente su renuncia a motivos personales, su alejamiento se conoce en este contexto de disputas administrativas, judiciales y presupuestarias.
