
La Fiscalía solicitó penas de hasta 12 años de prisión para los profesionales de la salud acusados por la muerte de Diego Armando Maradona, durante los alegatos del juicio que busca determinar las responsabilidades penales por el fallecimiento del exfutbolista, ocurrido el 25 de noviembre de 2020. Los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren consideraron que existieron decisiones y omisiones en la atención médica que recibió el ídolo argentino durante sus últimos días.
El pedido más elevado fue para el neurocirujano Leopoldo Luque, médico personal de Maradona, para quien solicitaron 12 años de cárcel por el delito de homicidio simple con dolo eventual. En tanto, para Nancy Forlini, coordinadora médica vinculada a la empresa Swiss Medical, reclamaron una pena de 10 años de prisión. La misma calificación penal fue sostenida para la psiquiatra Agustina Cosachov, aunque en su caso los fiscales solicitaron ocho años de cárcel.
Durante la exposición ante el tribunal, los representantes del Ministerio Público Fiscal sostuvieron que los acusados conocían los riesgos que atravesaba Maradona y que no habrían adoptado las medidas necesarias para evitar el desenlace. La acusación apuntó especialmente contra la modalidad de internación domiciliaria elegida después de la intervención quirúrgica a la que fue sometido el exfutbolista por un hematoma subdural.
Las críticas a la atención médica
Uno de los ejes centrales del alegato fue el período comprendido entre el 11 y el 25 de noviembre de 2020, cuando Maradona pasó de la Clínica Olivos, donde había sido operado, a una vivienda del barrio privado San Andrés, en Tigre, para continuar su recuperación.
Según la reconstrucción presentada por los fiscales, la atención domiciliaria no habría contado con las condiciones médicas necesarias para responder a la complejidad del estado de salud del exfutbolista. La Fiscalía cuestionó que no se garantizara una internación en un centro especializado, que no existiera un seguimiento clínico adecuado y que se omitieran señales que, según la acusación, advertían sobre un deterioro progresivo.
En relación con Luque, los fiscales señalaron presuntas deficiencias en el seguimiento de la salud de Maradona, la falta de una historia clínica actualizada y la ausencia de medidas correctivas frente a determinados signos de alarma. Para la acusación, el médico tenía un papel central en las decisiones sobre la atención del exfutbolista.
Respecto de Forlini, la Fiscalía cuestionó la coordinación de la internación domiciliaria y sostuvo que no se habrían garantizado los recursos profesionales y materiales necesarios. En cuanto a Cosachov, apuntó contra el seguimiento psiquiátrico, el manejo de la medicación y las decisiones adoptadas durante los días previos al fallecimiento.
Los fiscales consideraron que las omisiones atribuidas a los principales acusados contribuyeron al desenlace fatal. Sin embargo, estas afirmaciones forman parte de la acusación y deberán ser evaluadas por los jueces a partir de las pruebas incorporadas al juicio y los argumentos de las defensas.
Qué significa la acusación por dolo eventual
La calificación de homicidio simple con dolo eventual implica que la acusación sostiene que los imputados habrían previsto la posibilidad de que sus conductas provocaran la muerte del paciente y, aun así, habrían actuado aceptando ese riesgo.
Esta figura penal se diferencia de la acusación por homicidio culposo, que se vincula con una muerte producida por imprudencia, negligencia, impericia o incumplimiento de los deberes de cuidado, sin que se configure el elemento subjetivo propio del dolo eventual.
La Fiscalía consideró que la conducta atribuida a Luque, Forlini y Cosachov encuadra en la primera figura. Para los demás acusados, en cambio, solicitó condenas por homicidio culposo.
Las penas solicitadas para los otros imputados
En el caso del psicólogo Carlos Díaz, los fiscales reclamaron cinco años de prisión. Para Mariano Perroni, coordinador de enfermeros, y Ricardo Almirón, enfermero que participó de la atención domiciliaria, solicitaron cuatro años de cárcel para cada uno.
La acusación sostuvo que estos profesionales también habrían incumplido obligaciones vinculadas con el cuidado y el seguimiento de Maradona, aunque consideró que sus responsabilidades debían analizarse bajo una calificación penal diferente de la atribuida a los tres principales acusados.
Por otra parte, la Fiscalía anunció que no formulará cargos contra el médico clínico Pedro Di Spagna, quien también había llegado a juicio como imputado. Los fiscales argumentaron que no encontraron elementos suficientes para atribuirle responsabilidad penal en las decisiones que condujeron a la muerte del exfutbolista.
Además de las penas de prisión, la acusación solicitó inhabilitaciones para ejercer las respectivas profesiones en el caso de varios de los imputados.
El tribunal deberá resolver las responsabilidades.
El juicio por la muerte de Maradona se desarrolla ante un tribunal integrado por los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón. El proceso actual comenzó después de que el primer juicio fuera anulado por irregularidades relacionadas con la participación de una de las magistradas en un documental filmado de manera clandestina sobre el caso.
Tras meses de audiencias y declaraciones testimoniales, el expediente ingresó en una etapa decisiva con la presentación de los alegatos. Una vez concluidas las exposiciones de las partes acusadoras, será el turno de las defensas, que podrán cuestionar las pruebas, presentar sus argumentos y solicitar las decisiones que consideren correspondientes.
Los fiscales también adelantaron que no pedirán la detención inmediata de los acusados durante esta etapa. En cambio, solicitaron que, ante una eventual condena, se mantenga la prohibición de salida del país y que los imputados entreguen sus pasaportes mientras la sentencia no adquiera firmeza.
El pedido de penas no representa todavía una condena. La decisión final corresponderá al tribunal, que deberá analizar las pruebas, las responsabilidades individuales y los planteos de todas las partes antes de dictar su veredicto.
La causa busca establecer si la muerte de Maradona fue consecuencia de una cadena de negligencias y omisiones evitables, como sostiene la Fiscalía, o si las defensas logran demostrar que no existen elementos suficientes para atribuir responsabilidad penal a sus representados.
La resolución judicial será determinante para definir uno de los casos más trascendentes de la historia reciente del deporte argentino.



